El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la legalidad de la decisión adoptada por la Generalitat de Cataluña de cerrar temporalmente los casinos durante uno de los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19. La sentencia respalda las restricciones sanitarias que suspendieron la apertura al público de los establecimientos de juego como medida para contener la propagación del virus.
Entre los locales afectados por estas medidas se encontraba el Casino Tarragona, uno de los cuatro casinos existentes en Cataluña. La resolución judicial analiza el recurso presentado por varias empresas del sector, entre ellas las que gestionan el Gran Casino de Barcelona, el Casino Castillo de Perelada y el propio casino tarraconense.
Las compañías solicitaban la anulación de una resolución sanitaria aprobada en diciembre de 2020 que prorrogaba el cierre de este tipo de establecimientos. El origen del litigio se remonta a octubre de ese mismo año, cuando Cataluña afrontaba la denominada segunda ola de la pandemia. Ante el incremento acelerado de contagios, el Departament de Salut decidió suspender temporalmente la apertura al público de diversos espacios de ocio, entre ellos casinos, bingos y salones recreativos. La medida se aplicó inicialmente por quince días, aunque posteriormente fue prorrogada en función de la evolución epidemiológica.
Las empresas del sector consideraron que la decisión carecía de una justificación suficiente y defendieron ante los tribunales que el cierre vulneraba la libertad de empresa recogida en la Constitución. Según su argumentación, la Administración habría actuado de forma arbitraria al mantener cerrados los casinos mientras otras actividades económicas seguían operando con limitaciones de aforo.
Sin embargo, la sentencia concluye que la Administración autonómica actuó basándose en informes epidemiológicos que advertían de un elevado nivel de transmisión del virus y del riesgo de colapso del sistema sanitario. En ese contexto, las autoridades sanitarias consideraron prioritario reducir las interacciones sociales en espacios cerrados donde se producen concentraciones de personas, una circunstancia especialmente relevante en los locales de juego.
El tribunal subraya que, aunque el cierre supuso una limitación importante para las empresas afectadas, la medida fue temporal y proporcional a la gravedad de la situación sanitaria. Además, recuerda que las autoridades tienen la obligación de proteger la salud pública y pueden adoptar restricciones económicas cuando exista un riesgo grave para la población.
La sentencia también descarta que existiera trato discriminatorio respecto a otros sectores. Según los magistrados, el hecho de que algunos bares continuaran funcionando con máquinas recreativas no implica que los casinos debieran permanecer abiertos, ya que las medidas sanitarias pueden variar según el nivel de riesgo de cada actividad.
Con esta resolución, el tribunal concluye que, en el contexto excepcional de la pandemia, el cierre temporal de los casinos fue una decisión justificada y acorde con la normativa vigente.
