El tradicional Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, celebrado cada 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, fue escenario este año de una protesta simbólica por parte de una veintena de activistas del colectivo Marea por Palestina. Durante el acto, varios asistentes se levantaron de sus asientos y corearon “1.000 millones para Palestina” siguiendo la cadencia característica de los cánticos de los niños y niñas de San Ildefonso.
Según explicó Carlos Díez Hernando, docente jubilado y miembro del colectivo, la acción fue bien recibida por parte del público presente, que reconoció que los activistas habían accedido al Teatro en igualdad de condiciones que el resto de espectadores. La iniciativa surgió en el seno de las asambleas semanales del colectivo, tras analizar el volumen de ingresos que el Estado obtiene a través de este sorteo.
De acuerdo con los datos de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), la recaudación total del Sorteo de Navidad de 2025 ascendió a 3.554 millones de euros. Aproximadamente el 70% de esta cifra se destinó al pago de premios, mientras que el 30% restante —en torno a 1.066 millones de euros— quedó en manos de la entidad pública para cubrir gastos de gestión y administración. Es esta cantidad la que los activistas identifican como el beneficio neto que revierte en el Estado.
Desde Marea por Palestina sostienen que estos fondos, generados gracias a una tradición profundamente arraigada en la sociedad española, podrían destinarse de forma extraordinaria a ayuda humanitaria para la población palestina, que cifran en unos 5,4 millones de personas entre la Franja de Gaza y Cisjordania. A juicio de Díez Hernando, el debate debería centrarse en la capacidad del Estado para redirigir recursos cuando existe voluntad política, recordando decisiones presupuestarias recientes de carácter internacional.
El colectivo plantea que una posible vía para canalizar estos fondos sería a través de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), organismo creado en 1949 con el mandato de atender a la población palestina desplazada tras la creación del Estado de Israel. Los activistas defienden que se trata de una institución reconocida internacionalmente y con mecanismos de control que garantizarían un uso transparente de los recursos.
La UNRWA nació con carácter temporal, bajo la expectativa de que la situación de los refugiados se resolviera en un corto plazo mediante la aplicación de resoluciones internacionales, como la 194 de la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, casi ocho décadas después, la agencia continúa operando ante la persistencia del conflicto y las sucesivas oleadas de desplazamientos forzosos.
La protesta, de carácter simbólico, se suma a otras iniciativas impulsadas por colectivos sociales que buscan visibilizar el debate sobre el uso de los recursos públicos y el papel del Estado español en la cooperación internacional y la ayuda humanitaria.
