Cristina García es una de las voces más reconocidas en el ámbito jurídico y regulatorio del sector del juego en España. Licenciada en Derecho, cuenta con una amplia trayectoria en regulación de producto, interlocución institucional y responsabilidad social. En la actualidad ejerce como secretaria general del Club de Convergentes —asociación de fabricantes de máquinas y sistemas de juego— y, desde 2019, es también portavoz de la Plataforma para el Juego Sostenible y coordinadora del Proyecto FES.
Desde esta doble responsabilidad, García ofreció en “Tiempo de Ley” una visión detallada sobre la evolución normativa del sector, el papel del mercado regulado y la necesidad de abordar la prevención de las adicciones comportamentales desde un enfoque riguroso, educativo y basado en la evidencia.
Prevención, educación y evidencia científica
A lo largo de la entrevista, Cristina García explicó que la Plataforma para el Juego Sostenible nació en un contexto de fuerte debate social y legislativo, con el objetivo de responder con hechos y datos frente a discursos simplificados. En este marco se impulsa el Proyecto FES, una iniciativa de formación, educación y sensibilización dirigida a centros educativos, familias y colectivos vulnerables.
García subrayó que el proyecto se diseñó tras un trabajo previo con profesionales de la psiquiatría y la psicología, que puso de manifiesto la importancia de no limitar la prevención únicamente al juego, sino de abordar los hábitos digitales, el ocio online y la capacidad de establecer límites personales desde edades tempranas. Según explicó, el objetivo no es prohibir, sino dotar de herramientas que ayuden a prevenir conductas de riesgo antes de que aparezcan.
Regulación equilibrada y defensa del mercado legal
Otro de los ejes de la conversación fue la necesidad de una regulación equilibrada. Cristina García diferenció entre el juego presencial, regulado a nivel autonómico, y el entorno online, donde advirtió que un exceso regulatorio puede acabar favoreciendo el desplazamiento hacia el mercado ilegal, con menor capacidad de control y protección del usuario.
En este sentido, defendió el valor del mercado legal y regulado como espacio seguro, fiscalizado y con mecanismos efectivos de control —como los registros de autoprohibición y los sistemas de acceso— y puso en valor la colaboración del sector con las administraciones y las fuerzas de seguridad para detectar prácticas fraudulentas.
Finalmente, reclamó una mayor implicación institucional para integrar iniciativas preventivas como el Proyecto FES dentro de las políticas públicas, reforzando la cooperación entre administraciones, sector y sociedad civil.
