El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado que los conflictos derivados de plataformas de juego en línea que operan sin autorización estatal se rigen, en principio, por la ley del país donde el jugador sufre el perjuicio.
En una disputa entre un ciudadano austríaco y los administradores de una empresa maltesa en insolvencia, el TJUE determinó que las acciones de responsabilidad contra directivos no quedan excluidas del Reglamento Roma II, al no afectar a la vida interna de la sociedad.
En el ámbito digital, el daño se considera producido en el Estado de residencia habitual del jugador, aunque el juez nacional puede aplicar otra legislación si existen vínculos manifiestamente más estrechos con otro país.
