El IBJR – Instituto Brasileiro de Jogo Responsável- repudia rotundamente la aprobación de Cide-Bets por parte de la CCJ del Senado, considerándola una medida que fortalecerá el crimen organizado. Bajo el pretexto de financiar la seguridad pública, el texto comete un error histórico: otorga a plataformas clandestinas —muchas financiadas por facciones criminales— la mayor ventaja competitiva que el mercado haya visto jamás.
Al gravar el depósito del apostante al 15%, el Estado decreta que R$ 100,00 solo valen R$ 85,00 en las empresas que cumplen la ley. En el mercado clandestino, los mismos R$ 100,00 valen en su totalidad. Es un incentivo directo para migrar al juego clandestino.
Hoy en día, según una encuesta de LCA, el 51% de las plataformas de apuestas en Brasil operan ilegalmente, subiendo hasta 78.000 millones de rands anuales, con más de la mitad de este volumen sin pagar impuestos. Se espera que el sector regulado (49%) recaude 9.000 millones de R$ en impuestos federales en 2025, además de otros como PIS, COFINS y ISS, que suman una base relevante de financiación pública. Un nuevo impuesto sobre los depósitos amenaza con canibalizar esta recaudación existente, ya que reduce el espacio del mercado regulado y amplía el de la clandestinidad.
Además, la medida se basa en una premisa financiera inexistente. Se habla de recaudar 30.000 millones de rands anuales en un mercado formal que hoy genera unos 36.000 millones de rands. Por ello, se proyecta que cobrará en impuestos casi el equivalente a la totalidad de los ingresos del sector regulado, lo cual es matemáticamente imposible y hace inviable la actividad económica formal.
