La propuesta de elevar el impuesto sobre el juego a distancia del 21% al 40% a partir de 2026, presentada por la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, marca un cambio significativo en la política fiscal del sector del juego en el Reino Unido. Este aumento, que busca abordar los problemas sociales asociados con el juego remoto, se enmarca en un contexto más amplio de preocupación por el daño que puede causar esta actividad.
Reeves argumenta que la reforma podría generar más de 1.000 millones de libras anuales hasta 2031, lo que podría ser utilizado para financiar programas de prevención y tratamiento de problemas relacionados con el juego. Sin embargo, es importante destacar que esta medida aún no está aprobada y deberá atravesar un proceso parlamentario que incluirá debates en las Ways and Means Resolutions y la posterior aprobación de la Finance Bill por parte de los Comunes y los Lores.
La propuesta ha suscitado reacciones mixtas. Por un lado, los defensores de la medida argumentan que es un paso necesario para mitigar los efectos negativos del juego en la sociedad, especialmente en un momento en que el gasto en publicidad por parte de las casas de apuestas ha sido objeto de escrutinio. Por otro lado, la industria del juego podría ver esta medida como una amenaza a su viabilidad, argumentando que un aumento tan drástico en la fiscalidad podría llevar a una disminución de la inversión y, potencialmente, a un aumento en el juego ilegal.
El debate que se avecina en el Parlamento será crucial para determinar el futuro de esta propuesta y su impacto en el sector del juego.
