La situación que enfrenta a Azemar Aragón y otros empresarios en relación con la tasa del juego pagada durante la pandemia refleja las complicaciones legales y económicas que han surgido a raíz de las restricciones impuestas por el COVID-19. La decisión del Gobierno de Aragón de compensar la tasa solo hasta junio de 2020 ha generado descontento entre los empresarios, quienes argumentan que las restricciones continuaron más allá de esa fecha, afectando gravemente sus operaciones.
El hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón haya respaldado la posición de la Administración indica que, por el momento, la interpretación legal favorece al Gobierno. Sin embargo, el hecho de que Azemar haya decidido recurrir nuevamente sugiere que la asociación está decidida a luchar por lo que consideran un derecho a la compensación por los daños sufridos durante la pandemia.
Este tipo de disputas legales no son inusuales en el contexto post-pandemia, donde muchas empresas buscan recuperar pérdidas y compensaciones que consideran justas. La resolución final de este caso podría sentar un precedente importante para otras asociaciones y empresas en situaciones similares.
Los establecimientos pagan entre 3.290 y 5.134 euros por máquina al año y han recurrido la sentencia del TSJA que solo reconoce la rebaja fiscal del 24% que se aprobó.
