La aprobación del Reglamento sobre Confiscaciones de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es un paso significativo hacia la regulación y control del juego en Puerto Rico. Este nuevo marco proporciona claridad sobre cómo se deben manejar las máquinas que operan fuera de la ley, lo que es crucial para combatir la ilegalidad en el sector del juego.
Algunas de las características más destacadas del reglamento incluyen:
- Procedimientos Claros: El reglamento establece procedimientos específicos para la ocupación, confiscación, custodia, tasación, notificación y disposición final de las máquinas de juego que operan sin licencia. Esto ayuda a asegurar que las acciones tomadas por las autoridades sean coherentes y transparentes.
- Inspecciones Coordinadas: La obligación de realizar inspecciones bajo planes de trabajo coordinados entre la Policía de Puerto Rico, la Comisión de Juegos y el Departamento de Hacienda es un enfoque proactivo que puede mejorar la efectividad de las operaciones de control y supervisión, evitando la aleatoriedad en los operativos.
- Bóveda de Evidencia: La creación de una «Bóveda de Evidencia» para almacenar el material confiscado con un control estricto de la cadena de custodia es esencial para garantizar que las pruebas se manejen adecuadamente y se mantenga la integridad del proceso.
- Imposición de Multas y Vistas Administrativas: La capacidad de la Comisión de Juegos para imponer multas y celebrar vistas administrativas proporciona un mecanismo adicional para sancionar a quienes operan en violación de la ley, lo que puede actuar como un disuasivo efectivo.
- Colaboración con el Departamento de Justicia: La coordinación con el Departamento de Justicia para abordar casos que puedan derivar en delitos o evasión contributiva es un aspecto importante que refuerza la responsabilidad legal en el sector del juego.
Este reglamento no solo busca regular el funcionamiento de las máquinas de juego, sino que también tiene el potencial de generar un entorno más seguro y justo para los jugadores, al tiempo que protege los ingresos fiscales del gobierno.
