El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará el próximo jueves 16 de octubre sobre la legalidad de una normativa que impone restricciones más severas a los operadores de juego privados en comparación con los públicos, como Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Este fallo se produce a raíz de una cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que argumenta que estas diferencias en la regulación podrían distorsionar la competencia en el mercado de juegos de azar.
Contexto de la Normativa
En junio de 2020, la Comunidad Valenciana aprobó una ley que regula el juego y busca prevenir la ludopatía. Entre las medidas más destacadas de esta normativa se incluyen:
Distancias Mínimas: Los establecimientos privados de juegos de azar deben ubicarse a una distancia mínima de los centros educativos, una medida más estricta que las regulaciones anteriores.
Suspensión de Nuevas Licencias: Se estableció una moratoria de cinco años para la concesión de nuevas licencias o autorizaciones a establecimientos de juego. Durante este período, las autoridades realizarán un estudio para evaluar el impacto social y sobre la salud pública de los locales de juego existentes.
Implicaciones del Fallo del TJUE
El TJUE deberá determinar si estas restricciones son compatibles con el derecho europeo, especialmente en lo que respecta a la libre competencia. La decisión podría tener un impacto significativo en la regulación del juego en toda la Unión Europea, además de influir en cómo se gestionan las diferencias entre los operadores públicos y privados en el sector.
La expectativa en torno a este fallo es alta, ya que podría redefinir las condiciones de competencia en el mercado del juego y establecer precedentes para futuras regulaciones en otros estados miembros de la UE. La resolución del TJUE será crucial para entender cómo se equilibran la protección del consumidor y la promoción de un entorno de juego justo y competitivo.
