Los casinos autorizados por la Ley de Casinos destinan el 20% de sus ingresos brutos a un impuesto específico que se reparte en partes iguales entre la municipalidad donde se ubica el recinto y el gobierno regional correspondiente. Estos fondos no pueden usarse en gastos corrientes, como el pago de personal, sino que deben invertirse en proyectos comunitarios.
Entre los usos más frecuentes se cuentan la mantención de luminarias y alumbrado público, la construcción o mejora de plazas y parques, la habilitación de juegos infantiles, además de obras deportivas y de infraestructura local.
La SCJ tiene un rol clave en la fiscalización, asegurando que los casinos registren de manera correcta sus ingresos, lo que constituye la base para declarar impuestos y garantizar el flujo de recursos a las comunidades.
Durante el primer semestre de 2025, los aportes alcanzaron cifras significativas:
$43.340 millones por concepto de impuesto específico, dirigidos a comunas y gobiernos regionales.
$41.831 millones de IVA, generado por las sociedades operadoras.
$14.994 millones por entradas, que se destinan a fondos generales de la Nación.
$36.643 millones provenientes de las ofertas económicas, que van directamente a los municipios.
Con estos recursos, los casinos se convierten en un motor de desarrollo local, financiando iniciativas que van desde espacios recreativos hasta centros deportivos, contribuyendo a un mejor entorno para la ciudadanía.
