La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) expresó su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de mantener de forma permanente el impuesto al valor agregado (IVA) del 19 % sobre los depósitos en las plataformas de apuestas en línea. La organización argumenta que esta medida desconoce la estructura real del negocio, pone en riesgo la sostenibilidad del sector legal y puede promover el crecimiento de la ilegalidad en el mercado.
Según el análisis de Fecoljuegos, gravar los depósitos en estas plataformas se basa en una “base ficticia”, similar a aplicar IVA sobre los depósitos en el sistema financiero, lo cual no refleja la naturaleza del negocio del juego en línea. En este sector, los recursos que ingresan a las plataformas se reciclan en promedio seis veces: aproximadamente el 94 % de los fondos retorna a los jugadores en premios, y solo el 6 % constituye el ingreso real del operador, conocido como GGR (Gross Gaming Revenue).
Con el esquema actual, un depósito de $100 resulta en que el usuario dispone de $84 efectivos para apostar. Tras la recirculación de fondos, el operador percibe un ingreso de aproximadamente $30,2. Sin embargo, el IVA pagado sobre ese ingreso ($16) representa el 52,8 % del margen de ganancia del operador. Si se añaden otros impuestos y derechos, como el de explotación (15 %), la carga impositiva total alcanza el 67,8 %, sin considerar impuestos sobre la renta, parafiscales y otros tributos.
Fecoljuegos advierte que esta carga impositiva es insostenible: si el impuesto se traslada al usuario, las plataformas legales perderían competitividad frente a operadores internacionales que no enfrentan esas cargas fiscales. Por otro lado, si las empresas asumen el costo, su viabilidad financiera se vería comprometida.
Por ello, la organización hace un llamado a reconsiderar el esquema tributario del sector y propone que cualquier impuesto se calcule sobre el valor agregado real, es decir, sobre el ingreso operativo de los operadores. De no hacerlo, advierten, el país corre el riesgo de perder competitividad, de debilitar la legalidad del sector y de reducir los recursos destinados a la salud pública.
