En Chile, existe un importante despliegue de máquinas de azar, con aproximadamente 15 mil autorizadas legalmente y distribuidas en casinos regulados a lo largo del país, según la Asociación de Casinos de Juegos. Sin embargo, se estima que entre 300 mil y 700 mil máquinas de juego operan de manera ilegal en casinos clandestinos, sin patentes ni autorizaciones oficiales. Estas máquinas ilegales representan un desafío significativo para las autoridades, ya que están vinculadas a actividades ilícitas como contrabando, lavado de dinero, delitos financieros e incluso trata de personas, además de desplazar al comercio formal y generar inseguridad en las comunidades.
El trabajo conjunto entre las municipalidades y las autoridades de control busca erradicar estos recintos ilegales. Sin embargo, enfrentan resistencia por parte de los dueños de estos locales, quienes en algunos casos han interpuesto querellas judiciales en contra de las municipalidades por las acciones de fiscalización y clausura. Esto ha generado una situación paradójica, donde los propietarios de casinos ilegales, en su mayoría de origen chino, cuestionan las acciones municipales y alegan irregularidades en la fiscalización, incluso argumentando vulneraciones legales.
Casos destacados incluyen querellas presentadas en las municipalidades de Antofagasta y Coyhaique, específicamente contra alcaldes y funcionarios, en respuesta a las clausuras de locales que operaban sin permisos adecuados. Los alcaldes y representantes del sector oficial expresan que estas acciones se realizan en cumplimiento de la ley y con el objetivo de proteger la seguridad y el bienestar de la comunidad, señalando que los locales ilegales pagan patentes millonarias como si fueran negocios legítimos, pero en realidad operan en la ilegalidad y en conexión con actividades delictivas.
Este escenario refleja la tensión entre el cumplimiento de la ley y la resistencia de quienes se benefician de la operación ilegal, complicando los esfuerzos para controlar y reducir la presencia de máquinas ilegales en Chile.
