El sector de salas de juego y apuestas en Baleares ha experimentado una importante regulación desde 2020, lo que ha llevado a cierres y una reducción en la oferta de estos establecimientos. La Ley 8/2014 de Juego y Apuestas, modificada por el Govern balear, establece un límite máximo de 75 salas de juego por cada millón de habitantes, lo que en la práctica para Baleares, con aproximadamente 1,2 millones de residentes, equivale a 90 salas. Sin embargo, actualmente operan 137 salones y 2 casas de apuestas, debido a que las licencias otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley permanecen activas.
Desde 2020, se han cerrado 14 salones, y en 2021 se sumaron otras 36, incluyendo licencias denegadas, nulidades, revocaciones y renuncias. Los empresarios critican que la normativa utilice la población de Baleares a 1 de enero en lugar de considerar la población estival, que en 2024 recibió a 2,7 millones de turistas, afectando la percepción de la demanda y la regulación.
La ley también impone límites a la ubicación de los locales, prohibiendo nuevas licencias en zonas donde estén a menos de 500 metros de centros educativos, formación profesional, universidades, centros de formación de adultos, guarderías y otros espacios sensibles. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo en Barcelona ha modificado criterios similares en esa ciudad, señalando que las regulaciones urbanísticas deben ser proporcionadas y respetar la libertad de mercado, lo que podría influir en futuras regulaciones autonómicas.
Miguel Àngel Riera, portavoz de la patronal de salones de juego en Baleares, sostiene que las regulaciones autonómicas seguirán vigentes y que la normativa protege a menores de edad. También destaca la aportación económica del sector, con más de 35 millones de euros en tasas en 2024 y el empleo de entre 9 y 10 empleados por salón. Riera denuncia un «agravio comparativo» frente a otros juegos, como las loterías y el rasca y gana de la ONCE, que no disponen de controles estrictos de acceso y pueden ser más peligrosos en términos de ludopatía.
Riera defiende que el sector mantiene una situación económica estable y que su oferta de ocio es moderada y socialmente responsable, con premios máximos de 3.000 euros, en contraste con el juego público que ofrece premios mucho mayores y puede incentivar la ludopatía. Además, reivindica una mayor vigilancia para impedir que menores compren loterías y sorteos, y señala que en los salones de juego se controlan mediante DNI para evitar el acceso a menores.
El sector en Baleares busca equilibrar la regulación para proteger a menores y garantizar la responsabilidad social, mientras mantiene su contribución económica y social en la isla.
