El Gobierno de Gibraltar ha anunciado la publicación de una nueva Ley del Juego que reemplaza la normativa de 2005, modernizando y ampliando el marco regulatorio del sector en el Peñón. Esta legislación busca fortalecer la supervisión, ampliar las categorías de licencias y establecer mecanismos específicos para la resolución de conflictos.
Principales aspectos de la nueva Ley del Juego en Gibraltar:
Ampliación del Régimen de Licencias:
Categorías principales:
B2C Gambling Operator: para actividades de juego online y presencial dirigidas al público.
B2B Gambling Operator: para servicios dirigidos a otros operadores.
Gambling Operator Support Services: para servicios de publicidad o marketing relacionados con juegos de azar, sin importar la ubicación de los juegos.
Requisitos de publicidad:
La mayoría de las actividades publicitarias requerirán licencia propia.
Se exceptúan las difundidas por medios locales dirigidos principalmente a la población gibraltareña.
Regulación del Juego Online:
La actividad se considera regulada si:
Un solo equipo tecnológico está en Gibraltar, o
La oferta se organiza desde Gibraltar, incluso si los jugadores están en otros países.
El Comisionado puede solicitar información técnica, imponer requisitos de ciberseguridad y ordenar pruebas de software o hardware en cualquier momento.
Regulación de Loterías:
El Ejecutivo puede organizar sorteos estatales.
Se regula el destino de premios no reclamados.
Se crea una autorización temporal para loterías ocasionales, como rifas benéficas o sorteos en ferias.
Reglas de Compliance:
Los licenciatarios deben:
Salvaguardar fondos de los clientes.
Implementar programas de Juego responsable.
Cumplir con la legislación antiblanqueo.
Justicia y Resolución de Conflictos:
Se crea el “Gambling Appeals Tribunal”, un órgano independiente y especializado en materia de juego.
Capacidad para revisar decisiones del Comisionado y la Autoridad.
Los recursos deben interponerse en un plazo de 28 días.
El tribunal puede suspender medidas cautelarmente si hay perjuicio grave.
Esta reforma busca fortalecer la regulación del sector, promover prácticas responsables y garantizar una tutela judicial efectiva para los actores involucrados.
