La abogada especializada en legislación sobre juegos de azar, Yamile Gutiérrez, expresó sus observaciones respecto al proyecto de ley sobre juegos de azar presentado por el Poder Ejecutivo de República Dominicana. En su análisis, Gutiérrez destacó que, si bien el marco normativo necesita modernización, el proyecto actual presenta varias preocupaciones que podrían tener efectos negativos en los ámbitos social, fiscal y ético.
Gutiérrez reconoció la necesidad de crear una Dirección General de Juegos de Azar como un ente regulador autónomo, pero enfatizó que esta autonomía debe estar claramente establecida en la ley, en lugar de delegar esas prerrogativas a regulaciones administrativas posteriores, lo cual podría generar inseguridad jurídica para los operadores existentes. Señaló que la falta de claridad en las facultades del ente puede dar lugar a interpretaciones arbitrarias y decisiones administrativas sin respaldo legal suficiente.
En materia fiscal, la abogada criticó que el proyecto, aunque menciona un régimen fiscal “equitativo”, en realidad propone aumentar los impuestos de manera insostenible para el sector. Sugirió que la tributación debería basarse en el Gross Gaming Revenue (GGR), es decir, los ingresos netos del juego, y no en los ingresos brutos, para reflejar mejor la realidad del mercado. Además, recomendó que una parte de los fondos recaudados se destine a programas de salud, prevención de la ludopatía y desarrollo deportivo, acciones que considera esenciales para el bienestar social del país.
Respecto a los aspectos técnicos y regulatorios, Gutiérrez opinó que el proyecto no se ajusta a la realidad del mercado actual, sino que simplemente unifica criterios ya existentes sin introducir mejoras sustanciales. En este sentido, valoró positivamente que se contemple una política pública integral para prevenir el juego compulsivo, incluyendo campañas de concientización, una línea telefónica gratuita de asistencia y un Registro Nacional de Autoexclusión, que permitirá a los ciudadanos solicitar la exclusión voluntaria de las apuestas.
Finalmente, la abogada sugirió que el proyecto contemple la fusión de la nueva Dirección General de Juegos de Azar con la actual Dirección General de Juegos de Azar, similar a otros procesos de integración institucional en el Estado, con el fin de evitar confusiones regulatorias, reducir costos y aprovechar las instalaciones existentes para la sede del nuevo organismo.
En conclusión, Gutiérrez enfatizó que si bien el proyecto tiene aspectos positivos, requiere mejoras importantes para garantizar una regulación efectiva, segura y socialmente responsable del sector de los juegos de azar en el país.
