El Consell ha aprobado el decreto ley de planificación del juego que amplía hasta un año el periodo de suspensión de nuevas autorizaciones para la instalación y funcionamiento de locales de juego, salones recreativos y máquinas tipo B en establecimientos de hostelería de la Comunitat Valenciana.
Esta prórroga responde a la necesidad de completar los trabajos técnicos y normativos que se han visto afectados por los retrasos derivados de la dana del 29 de octubre. El fenómeno meteorológico provocó importantes daños en municipios de la provincia de Valencia y paralizó temporalmente servicios administrativos esenciales para la gestión, control e inspección del sector del juego.
Además, la riada ha condicionado la elaboración de estudios clave para fundamentar la planificación futura del sector, como el diagnóstico territorial o el análisis del impacto social y sobre la salud pública de las instalaciones de juego. Por ello, el decreto ley establece que la suspensión se mantendrá hasta la entrada en vigor del nuevo reglamento autonómico o, como máximo, durante un año.
En consecuencia, y dada la situación de fuerza mayor generada por el temporal, se considera justificada la ampliación del plazo con el fin de completar los trabajos técnicos y normativos afectados, evaluar de forma integral la situación del parque de máquinas y locales existente tras el impacto del fenómeno natural y diseñar, con las debidas garantías, un modelo de implantación equilibrado y coherente.
La medida no afecta a las autorizaciones que ya hayan sido concedidas ni a aquellas cuya solicitud haya sido registrada antes de la entrada en vigor del nuevo decreto ley. Se trata, por tanto, de una medida cautelar de carácter transitorio y justificada por una situación de fuerza mayor.
El decreto modifica la disposición transitoria décima de la Ley 1/2020 de regulación del juego en la Comunitat Valenciana, que ya preveía una moratoria inicial de cinco años. Ahora, esta nueva suspensión amplía el plazo hasta un año adicional con el objetivo de garantizar una planificación equilibrada del sector, basada en evidencias y con garantías para la protección de las personas consumidoras.
