El Grupo Meier, operador de los casinos en Talca y Puerto Natales (Chile), solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que suspenda la participación de las empresas Dreams, Enjoy y Marina del Sol en futuros procesos licitatorios. La medida busca, según la empresa, prevenir que estas compañías participen mientras se resuelve un requerimiento por colusión presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Según el requerimiento ingresado por la FNE el 3 de octubre de 2024, las empresas habrían acordado repartirse las plazas en licitaciones realizadas en 2020 y 2021, afectando el resultado de concursos clave organizados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). La FNE solicitó al TDLC multas por US$ 151,9 millones y la terminación anticipada de los permisos renovados de las empresas involucradas.
Las sanciones propuestas incluyen multas significativas: Dreams enfrentaría la multa mayor, con 126.806 UTA, equivalentes a US$ 112,4 millones; Enjoy, con 41.498 UTA, aproximadamente US$ 36,8 millones. Además, se solicitaron multas para ejecutivos como Jaime Wilhelm, Claudio Fischer y Henry Comber.
El organismo acusó a Enjoy, Marina del Sol y Dreams de colusión en las licitaciones de permisos de operación de casinos entre 2020 y 2021. La FNE afirmó que estas empresas habrían acordado repartirse las plazas, alterando la competencia y generando rentas sobrenormales, las cuales, según el grupo Meier, habrían sido utilizadas para financiar sus ofertas en los procesos licitatorios de manera artificial.
El conglomerado Meier, fundado por Luis y Lientur Fuentealba Meier y con sede en Perú, argumentó que las empresas habrían obtenido rentas sobrenormales a través de estos acuerdos, permitiéndoles subsidiar sus ofertas y, en algunos casos, presentar propuestas muy superiores a las de la competencia sin justificación económica, como en el caso de Talca, donde Dreams presentó una oferta casi cuatro veces mayor a la de Gran Casino de Talca.
Meier solicitó además que se prohíba que las futuras postulaciones sean financiadas con ingresos provenientes de licitaciones pasadas, advirtiendo que esto podría extender artificialmente las consecuencias del supuesto acuerdo colusorio a licitaciones futuras.
Por su parte, Dreams rechazó la solicitud, calificándola como improcedente, injustificada y desproporcionada, argumentando que la empresa no busca proteger el interés común, sino sus propios intereses comerciales y estratégicos. Además, acusó que la medida atentaría contra la libre competencia al intentar excluir de manera preventiva a actores relevantes del sector. Dreams también afirmó que la mera existencia de una acusación no es suficiente para justificar una medida cautelar.
Este caso refleja un conflicto complejo en torno a la competencia en la industria de casinos en Chile, con acusaciones de colusión y medidas legales en curso para determinar la legalidad y las acciones a seguir.
