El borrador de los presupuestos de la Generalitat de Valencia incorpora por primera vez una partida específica para combatir el juego ilegal y promover su prevención, financiada con las sanciones recaudadas. La cantidad total destinada es de 700.000 euros, distribuidos en un 60% para tareas de prevención y un 40% para inspección, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Ley del Juego aprobada en 2020.
Esta iniciativa supone un hito importante, según afirma Consuelo Tomás, directora del Instituto Valenciano de Ludopatía y Adicciones No Tóxicas. Aunque la ley ya contemplaba la creación de esta partida, no fue hasta 2024 cuando se realizó un cálculo detallado de ingresos y gastos, enmarcado en la Estrategia Valenciana Integral de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico 2023-2027, aprobada en enero de ese mismo año.
Inmaculada Domínguez, directora general de Tributos y Juego en la Conselleria de Hacienda, explica que dicha estrategia define las acciones concretas que Sanidad, Educación y Servicios Sociales implementarán en materia de prevención. Además, en mayo de 2024 se aprobó por primera vez un Plan de Inspección del Juego para 2024-2026, que permitirá planificar y contar con personal propio dedicado a inspecciones, incluyendo el control de accesos, cumplimiento de publicidad y detección de máquinas trucadas, así como la persecución de timbas ilegales de póker en salones y viviendas privadas.
Hasta ahora, la administración valenciana no disponía de inspectores a tiempo completo para estas tareas, y dependía de la policía para las inspecciones, lo que limitaba la eficacia. La incorporación de inspectores propios responde a la necesidad de tener un control más directo y efectivo.
Desde la aprobación de la ley, se ha observado un control más estricto, incluso en los propios salones de juego, que ahora deben respetar distancias mínimas de 500 metros entre ellos y de 850 metros respecto a colegios. Esta mayor vigilancia ha provocado un incremento del 327% en las sanciones recaudadas en comparación con 2022, tras años de ingresos estancados.
Por otro lado, Inmaculada Domínguez aclara que no buscan demonizar el sector legal del juego, que en 2023 aportó a la administración regional unos 150 millones de euros, de un total de 2.804 millones jugados en la región (excluyendo las Loterías y Apuestas del Estado). La función de la administración es garantizar que las operaciones se realicen en cumplimiento de la normativa, permitiendo que los empresarios que actúan legalmente puedan continuar su actividad sin restricciones injustificadas.
