La situación actual de la concesión de licencias para administraciones de lotería en España revela un panorama complejo y controvertido. Desde 2019, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) no ha otorgado nuevas licencias, lo que ha llevado a una disminución del número de administraciones en funcionamiento. Este parón coincide con la llegada del gobierno de coalición del PSOE y Podemos, que ha implementado políticas más restrictivas sobre el juego de azar a través del Ministerio de Consumo.
El hecho de que las licencias no se renueven ha generado un estancamiento en el sector, con solo 33 nuevas altas en la última década. La negativa a abrir el concurso público, que es la vía principal para obtener nuevas licencias, ha llevado a que los interesados deban recurrir a la compra de licencias ya existentes, lo que implica un costo elevado que varía entre 200.000 y 400.000 euros, además de otros gastos asociados.
Además, el contexto se complica con la investigación de la Audiencia Nacional sobre un posible amaño en los concursos públicos de concesión de licencias, que implicaría a altos funcionarios del Ministerio de Hacienda. Las acusaciones sugieren que el proceso de adjudicación podría beneficiar a ciertas familias, perpetuando un sistema en el que los mismos grupos tienen acceso a las delegaciones comerciales de Loterías del Estado. Esto ha levantado preocupaciones sobre la transparencia y la equidad en la asignación de estos valiosos contratos.
El escándalo ha puesto bajo el foco a figuras clave, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de SELAE, Jesús Huerta, quien también ha estado en el centro de la polémica por los altos gastos en viajes oficiales. La conexión entre las decisiones administrativas y los intereses económicos de grupos familiares plantea serias dudas sobre la integridad del sistema de loterías en España.
En resumen, la falta de nuevas licencias, el aumento de costos para acceder a las existentes, y las investigaciones sobre posibles irregularidades en el proceso de concesión, subrayan una necesidad urgente de revisión y reforma en la gestión de las loterías en el país.
