La situación actual del sector de casinos en México se ha vuelto compleja tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no aceptar la solicitud de la Secretaría de Gobernación (Segob) para aclarar la legalidad de ciertos aspectos del reglamento de juegos y sorteos. Esta decisión se produce en un contexto donde varias empresas del sector han obtenido amparos que les permiten ofrecer juegos de azar como naipes, ruleta y dados.
Las reformas del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, publicadas en noviembre de 2023, buscaban restringir los permisos de operación para los casinos y prohibir la instalación de nuevas máquinas. Sin embargo, estas reformas han sido objeto de impugnación y han resultado en una serie de amparos favorables para las empresas del sector. Tres jueces federales han declarado que la reforma es inconstitucional, argumentando que la Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS), la cual no ha sido modificada desde 1947, sí permite la operación de estos juegos.
La SCJN determinó que la Secretaría de Gobernación no tenía legitimación para solicitar la intervención de la Corte en este asunto, lo que significa que la resolución de los amparos recae en los tribunales colegiados correspondientes. Esto podría significar un debilitamiento de la autoridad de la Segob en la regulación del sector y un fortalecimiento de la posición de las empresas de casinos.
La decisión de los jueces federales de considerar legales los juegos de azar en cuestión se basa en la interpretación de que el resultado de estos juegos depende del azar, lo que los asimila a un sorteo, a pesar de que la reforma de López Obrador buscaba excluirlos de esta categoría. La controversia podría tener implicaciones significativas para la regulación de los casinos en México y el futuro del mercado de juegos de azar en el país.
