La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, que revocó por unanimidad una medida cautelar que permitía el funcionamiento del Casino Flotante de Puerto Madero, marca un punto crucial en la regulación del juego en la Ciudad de Buenos Aires. Este fallo pone en jaque la continuidad operativa del casino, que ha estado funcionando con prórrogas desde la expiración de su concesión en 2019, a pesar de que la Constitución local prohíbe la explotación del juego en manos privadas.
Los magistrados de la Corte, al criticar la decisión anterior que otorgó la cautelar, argumentaron que esta medida limitaba la capacidad del gobierno para ejercer su autoridad en la regulación del juego, lo que plantea importantes cuestiones sobre la separación de poderes y el rol de la justicia en la formulación de políticas públicas. La Corte instó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal a resolver el expediente principal para determinar si el casino puede seguir operando en un marco legal.
Casinos de Buenos Aires SA, la empresa operadora, argumentó que la transferencia de la competencia sobre los juegos de azar de la administración nacional a la Ciudad alteró significativamente las condiciones de su contrato, imponiendo nuevas cargas impositivas y restricciones. Sin embargo, el gobierno porteño contrarrestó esta afirmación señalando que la empresa ya había recibido beneficios adicionales, como la incorporación de más máquinas y la adición de un segundo buque.
La situación del Casino Flotante queda ahora en un limbo legal, a la espera de que la Cámara resuelva los incidentes pendientes, lo que podría tardar, dado que algunos recursos extraordinarios llevan más de dos años sin resolución. Esto genera incertidumbre tanto para la empresa operadora como para los empleados del casino, y plantea interrogantes sobre el futuro del juego en la Ciudad de Buenos Aires.
