La discusión sobre la adicción al juego en Euskadi ha cobrado relevancia en el Parlamento vasco, especialmente tras el informe del Observatorio Vasco del Juego, que señala que alrededor de 28.000 personas en la región padecen algún grado de trastorno relacionado con el juego, de las cuales 2.000 se encuentran en una situación grave. Ante este dato, el grupo parlamentario Sumar ha solicitado la modificación de la Ley del Juego de 1991, enfocándose en la prevención de las adicciones entre los jóvenes. Esta propuesta ha encontrado eco en EH Bildu y el PP vasco.
No obstante, la iniciativa de Sumar fue rechazada, y se aprobó en su lugar la propuesta del PNV y el PSE-EE, que contempla continuar con las medidas de control y planificación del juego, así como restringir la publicidad, los horarios de apertura y el acceso a las máquinas. Jon Hernández, parlamentario de Sumar, ha destacado que el sector del juego representa un negocio lucrativo que provoca ruina social, económica y psicológica, afectando especialmente a los más vulnerables y a los jóvenes, quienes a menudo son menores de edad.
Entre las medidas propuestas por Sumar se incluyen la limitación de la publicidad y ofertas para jugadores, la implementación de un sistema de usuario y contraseña para acceder a dispositivos de juego, y la prohibición de subvenciones públicas a eventos patrocinados por empresas de apuestas. Aunque EH Bildu apoyó estas propuestas, el PNV y el PSE-EE lograron la aprobación de su enmienda, que incluye la prohibición de abrir nuevos locales de apuestas hasta que el número de estos no disminuya por debajo de un límite específico.
Xabier Barandiaran, del PNV, ha reconocido la necesidad de mejorar las medidas de control, pero también ha defendido el trabajo realizado por el Gobierno vasco en la lucha contra la ludopatía y el control de las empresas del sector. Además, ha señalado que es un error limitar el problema del juego a los barrios obreros, sugiriendo que la problemática afecta a un espectro más amplio de la sociedad.
