Los trabajadores de los salones de juego afirman que el Gobierno navarro actúa de forma arbitraria al aprobar un decreto que perjudica a sus establecimientos frente a la competencia y anuncian acciones legales 

| 27 de febrero de 2025

Los trabajadores de los salones de juego (UTSAJU Navarra), han denunciado que el gobierno de Navarra comete una arbitrariedad frívola al aprobar hoy un reglamento que supone un trato favorable a otros sectores que son competencia directa al permitírseles abrir más horas que a ellos de forma arbitraria e injustificada.

El decreto no ha recogido ninguna de las recomendaciones del dictamen del Consejo de Navarra que señalaba de forma específica que era preciso argumentar el motivo por el cual la propuesta, ahora firme, permite a los bingos abrir hasta las 3 de la mañana y a los salones solo hasta las 0.30 horas.

Los trabajadores creen que desde el gobierno foral se causa un perjuicio siendo conscientes de que se manda al paro a más de 100 familias, por lo cual procederemos legamente contra el gobierno Chivite para defender nuestros intereses. “No queremos ningún trato de favor, solo tener las mismas normas que otros negocios similares al nuestro. ¿Qué intereses ocultos tiene el gobierno en favorecer a unos frente a otros?”

Para el Portavoz de UTSAJU Navarra, Carlos Alejandro Sola: “solo desde la mala fe puede entenderse la publicación de este decreto, especialmente tras las declaraciones de todos los grupos políticos de todo el espectro político, en el parlamento foral, durante las comparecencias de los trabajadores hace unas pocas semanas”.

El decreto, tal como se ha aprobado no supone ninguna novedad regulatoria excepto la reducción del horario de los salones, no de otros negocios, y tiene como consecuencia que un gran número de trabajadores del sector en Navarra perderán su empleo.

Carlos Alejandro Sola, portavoz de la Unión de Trabajadores de Salones de Juego (UTSAJU) de Navarra, ha recordado que “la memoria de juego de la Comunidad Foral señala que solo el 0,63% de las más de 1.500 inspecciones realizadas han finalizado con alguna irregularidad”.

Sola hace énfasis en que: “hace unos meses enviamos una carta a la presidenta, María Chivite, pidiendo una reunión para exponerle nuestra situación y ni se ha dignado a recibirnos. Su respuesta nos llega hoy mandándonos al paro”.