La consellera de Hacienda y Economía de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, ha anunciado este miércoles que la Generalitat destinará 700.000 euros procedentes de los ingresos por sanciones e infracciones derivadas de incumplimientos de la Ley del Juego a iniciativas relacionadas con la prevención del juego patológico y a reforzar la inspección a los operadores.
Según ha explicado la consellera tras presidir la reunión de la Comisión del Juego de la Comunitat Valenciana, la aprobación el pasado año por parte del Consell de la Estrategia y del Plan de Inspección del Juego 2024-2026 permite fijar las prioridades en materia de prevención a las que poder destinar ahora estos recursos.
“Este Consell se toma muy en serio la regulación del sector en todas sus vertientes, desde el control del cumplimiento de la legalidad por parte de los operadores hasta la prevención mediante la protección de los colectivos vulnerables o en riesgo. Lo demostramos con el primer Plan de Inspección y con la Estrategia Valenciana del Juego, una hoja de ruta que no existía y que ahora nos permite disponer de planes de acción para la prevención a las que poder destinar el dinero de las multas”, ha manifestado la consellera de Hacienda.
En este sentido, cabe recordar que el Plan de Inspección del Juego 2024-2026 aprobado el pasado año supuso un hito en la persecución del juego ilegal y la protección de colectivos vulnerables porque por primera vez desde la aprobación de la Ley del Juego existe una programación y una planificación para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y complementar las políticas de prevención incluidas en la Estrategia.
Según ha destacado la consellera de Hacienda, “el anterior Consell se dejó los deberes por hacer en esta materia, ya que la Ley del Juego 2020 no ha sido efectiva al no ponerse nunca en marcha ni la Estrategia, un control del juego ordenado, con unidad de criterio y una programación efectiva como la que se consigue con el Plan de Inspección”.
En los próximos Presupuestos de la Generalitat, un total de 700.000 euros de ingresos procedentes de la recaudación por sanciones estarán afectos en un 60 % a políticas de prevención a través de la Conselleria de Sanidad y en un 40 % a la creación de varios puestos estructurales de Inspección.
El destino de los recursos para prevención será la línea de subvención ‘Prevención de las drogodependencias y otras adicciones’ de concurrencia pública y las Unidades de Prevención Comunitaria de las Conductas Adictivas (UPCCA), de titularidad municipal o mancomunada y financiadas por la Conselleria de Sanidad.
