El Gobierno regional ha aprobado en Consejo de Gobierno el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, para reforzar las políticas sociales llevadas a cabo en materia educativa, cultural, de servicios sociales y empleo público; y para dotar de mayor seguridad jurídica a las actuaciones de la Administración regional, tanto en el ámbito presupuestario o patrimonial, como en la gestión documental, asesoramiento jurídico y el juego.
Así lo ha expuesto el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con su departamento.
En este contexto, Ruiz Molina ha explicado que esta iniciativa legislativa -lo que se conoce como Ley de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha de 2025- supone modificar de “forma puntual doce leyes regionales”, siendo oportuno “incluir todas estas modificaciones en un único texto legal”. Una vez aprobado en Consejo de Gobierno se remitirá a las Cortes autonómicas para su tramitación parlamentaria, a fin de que pueda ser aprobado y entren en vigor las modificaciones normativas recogidas en el texto.
Medidas para mejorar la seguridad jurídica
En la misma línea, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha explicado las actuaciones que van a permitir dotar de una mayor seguridad jurídica a las consejerías y organismos. Ha destacado, por un lado, en materia de juego, que se modifica puntualmente la Ley 5/2021, de 23 de julio, de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego de Castilla-La Mancha, por el cual, se excluye de su ámbito de aplicación aquellos juegos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), que se celebren en fechas concretas.
Por otro lado, se incluye en la misma ley la regulación del acceso a los salones de juego mediante huella dactilar o reconocimiento facial, adaptándolo a la normativa europea de recopilación y tratamiento de datos biométricos, con el objetivo de dar seguridad jurídica al sector, y que si el visitante al salón no da su consentimiento a este tratamiento biométrico, pueda acceder mostrando el DNI.
