El Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminado que la norma impulsada por ERC y los Comuns, que busca retirar los beneficios fiscales al futuro casino del Hard Rock, es constitucional. Este dictamen, adoptado por unanimidad, permite que el Parlament continúe con la tramitación de la ley, que fue presentada a principios de diciembre.
La ley pretende revertir la reducción del impuesto al juego del 55% al 10% que se había establecido hace una década, en un esfuerzo por regular la fiscalidad del proyecto. Sin embargo, el partido Junts ha impugnado esta norma, argumentando que el cambio fiscal generaría «inseguridad jurídica» para los promotores del casino y podría tener un impacto económico negativo en la Generalitat y las comarcas de Tarragona, donde se proyecta el complejo.
El Consell ha rechazado las preocupaciones de Junts, afirmando que la ley no infringe el principio de seguridad jurídica y que, por el contrario, aporta claridad al marco regulatorio que se había establecido en 2014. Además, ha destacado que el Parlament tiene la autoridad para modificar las leyes en función de los principios de legalidad.
El Govern, bajo el liderazgo del PSC, ha intentado equilibrar su posición tras años de apoyo al proyecto, justificando ahora la decisión de retirar los beneficios fiscales. Han señalado que esta medida no necesariamente desincentivará a los promotores del casino y han reiterado su compromiso con el desarrollo urbano del área. La portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, ha indicado que el Govern no está obstaculizando el proyecto, sino que busca cumplir con sus responsabilidades.
