El 17 de octubre de 2024, el Embajador y Representante Permanente de España ante el Consejo de Europa ha depositado, ante el Secretario General Adjunto de aquella institución el instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la manipulación de competiciones deportivas, también llamado Convenio de Macolin, que se adoptó hace diez años en la ciudad suiza que lleva este nombre.
España, hoy pasa a ser el 12º país que lo ratifica, y su entrada en vigor se producirá el próximo 1 de febrero de 2025.
El Convenio, ratificado así por 12 países, lo han firmado otros 32 Estados Europeos, así como Marruecos y Australia.
Este es un paso fundamental de España en la lucha contra las manipulaciones deportivas y la salvaguarda de la integridad del deporte que sitúa a España entre los países pioneros en la erradicación de esta lacra.
En este sentido, ha de destacarse el papel de la Comisión Nacional para combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas (CONFAD), órgano colegiado adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que viene liderando la lucha para prevenir y erradicar la corrupción y la manipulación de las competiciones y las apuestas mediante una actuación coordinada entre sus miembros: autoridades públicas (Dirección General de Ordenación del Juego, Consejo Superior de Deportes y Representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), entidades organizadoras de competiciones deportivas y representantes del sector del juego.
Buen reflejo de este liderazgo y de las iniciativas más eficaces de la CONFAD es la creación, en su página web, de un Portal de avisos por el que se pueden presentar alertas ante sospechas de fraude en las apuestas deportivas que llegarían directamente al Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA), gestionado por la Dirección General de Ordenación del Juego. La información proporcionada será objeto de evaluación inicial, análisis y, en su caso, eventual traslado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y/o a los cuerpos de policía autonómica para su investigación.