El tribunal del arbitraje de un grupo de inversores en juegos de azar y casinos en México ha declarado al país responsable en la controversia de inversiones que mantienen las partes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) desde agosto de 2016. El país debe afrontar alrededor de 130 millones USD.
El laudo, que incluyó una opinión disidente parcial del árbitro Raúl E. Vinuesa (nombrado por México) fue emitido por el tribunal (que lo completan Gaëtan Verhoosel, presidente, y Gary Born, coárbitro designado por el demandante) el 21 de junio de 2024.
El arbitraje fue presentado en agosto de 2016, invocando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por un grupo de inversores estadounidenses (B-Mex y otros) que acusaban a México de destruir su negocio de juegos de azar a través de una serie de medidas discriminatorias contra ellos y sus instalaciones (redadas en instalaciones, incautación de equipos y fondos de cuentas bancarias, cierre de instalaciones o invalidación de un permiso de juego) que comenzaron a producirse en agosto de 2011, cuando el Estado mexicano incautó bienes valorados en un millon de dólares.
Según diferentes fuentes, el tribunal ha condenado a México a afrontar 130 millones USD.
En julio de 2019, el tribunal emitió un laudo parcial en el que decidió que sí tenía competencia sobre las reclamaciones de los demandantes, con la opinión disidente de Vinuesa en la que explicó que disentía “parcialmente de la Decisión de la Mayoría” y que en su opinión el Tribunal debería haber dado lugar a la Objeción de Jurisdicción en relación con algunas de las demandas. ciarglobal
