La acusación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por colusión en la entre los casinos de juego Enjoy, Dreams y Marina del Sol, generó un fuerte cruce entre Ricardo Abdala, ex presidente de la Asociación de Casinos de Chile (AACCJ), y Manuel Zárate, jefe de la división jurídica de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
Lo anterior, debido a que Abdala cuestionó directamente el papel de la SCJ en la última licitación de salas de juego, llevada a cabo entre 2020 y 2021. Noticias relacionadas Rostros clave, lo que arriesgan y las razones de la histórica multa solicitada para los casinos en la trama colusión Rostros clave, lo que arriesgan y las razones de la histórica multa solicitada para los casinos en la trama colusión Tras histórica multa solicitada a casinos: Lo que pidió la FNE por colusiones como los pollos, farmacias y gas medicinal Tras histórica multa solicitada a casinos: Lo que pidió la FNE por colusiones como los pollos, farmacias y gas medicinal Abdala, quien actualmente dirige la ACSG en representación del Casino de Ovalle, subrayó a El Mercurio que la SCJ debió haber intervenido cuando se detectaron anomalías.
Ello, por la evidente falta de competencia y bajas ofertas económicas en la licitación de la que participaron los tres principales actores de la industria, que concentral alrededor del 90% de los ingresos del sector. «El principal responsable por la falta de competencia es la superintendencia de casinos de juego. Esto (eventual colusión) se podría haber evitado, pero lo que ocurrió frente a esos actos es que no hubo la debida fiscalización y ocurrió un cambio de las reglas del juego», sostuvo Abdala.
El ex presidente de la AACCJ también argumentó que la autoridad cambió las condiciones del mercado al impulsar una nueva licitación, violando la normativa original que garantizaba licencias por 15 años y un derecho preferente para renovarlas por otros 15 años, en reconocimiento a las inversiones realizadas en las plazas. «Si hubo colusión y la autoridad lo intuyó, porque presentó la denuncia a la FNE en febrero de 2022 ¿cómo es que se adjudican los permisos? A los mismos que denunció les adjudicó las mismas plazas de casino a sabiendas de que presumía que había colusión. No suspendió el proceso ni declaró desierta la licitación», reprochó. Respuesta de Zárate Frente a esas acusaciones, Manuel Zárate respondió en una carta publicada en El Mercurio.
«En entrevista (ayer), el señor Ricardo Abdala atribuye a deficiencias de la SCJ la conducta de colusión imputada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a tres grupos de operadores de casinos de juego en el proceso de otorgamiento o renovación de permisos de operación que se inició en 2020 y que concluyó en 2022», escribió Zárate. El jefe jurídico de la SCJ consideró «insólitos» los argumentos de Abdala, señalando que sería «largo responder a cada uno de ellos». Y agregó que la SCJ no tenía la facultad de suspender el proceso licitatorio ante la detección de bajas ofertas, un razonamiento que calificó de «inverosímil». «Basta el ejemplo del inverosímil razonamiento de que la autoridad debió suspender ese proceso al momento de detectar las bajas ofertas presentadas y ante la sospecha de la eventual colusión», expresó. Según expuso Zárate, «el ex presidente de la Asociación Chilena de Casinos de Juego sabe o debería saber que eso no solo era imposible, sino contrario a derecho, ya que la SCJ no tiene ni tenía facultades legales para adoptar una decisión como la que él reclama», argumentó Zárate.
Además, Zárate enfatizó que la SCJ cumplió con su deber legal de denunciar los hechos que podrían constituir ilícitos administrativos y potenciales delitos. «Por el contrario, omite comentar que la SCJ cumplió con su deber legal de denuncia de los hechos eventualmente constituidos de ilícitos administrativos y potenciales delitos», afirmó, agregando que la SCJ coordinó con otros organismos del Estado, incluida la FNE, que decidió investigar el asunto.
Finalmente, Zárate concluyó que desviar la atención hacia las competencias de la SCJ solo sirve para ocultar lo que -a su juicio- realmente importa. «Atribuir a la superintendencia competencias que no tiene desvía la atención de lo que realmente importa y que es establecer si hubo un acuerdo colusorio entre actores de la industria y de ser así, imponer las sanciones correspondientes por la afectación de los intereses patrimoniales del Estado, perjudicando en particular a determinadas municipalidades que habían visto frustrada su legítima expectativa de recibir recursos económicos derivados de la presentación de ofertas económicas competitivas por los próximos 15 años», concluyó. emol
