El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, anunció en la ciudad de Ibagué el lanzamiento del programa “Máquinas electrónicas tragamonedas para la paz”, por medio de la cual se busca legalizar cerca de 100.000 elementos de juego que operan de manera ilegal en el país.
“Esta estrategia es nuestro aporte al programa de ‘Paz total’ del presidente Gustavo Petro. Queremos generar facilidades para formalizar las economías populares y evitar que familias trabajadoras tengan problemas legales por operar juegos de azar sin autorización y por desconocimiento”, sostuvo Hincapié.
Actualmente, en el departamento del Tolima existen 66 operadores 166 locales autorizados de juegos de suerte y azar de tipo localizado, en los cuales funcionan 3.004 máquinas electrónicas tragamonedas y 500 sillas de bingo.
“Es importante destacar que, en el Tolima, el principal problema en materia de juego ilegal tiene que ver con el ‘chance blanco’, una actividad que está afectando tanto a la industria autorizada como a los recursos que se transfieren para la salud”, agregó Hincapié.
Por medio del programa, se espera que los pequeños tenderos y comerciantes se asocien y reúnan hasta 80 máquinas tragamonedas, esto con el fin de solicitar la autorización ante Coljuegos.
Cabe mencionar que las solicitudes de autorización solo podrán incluir máquinas que no hayan hecho parte de un contrato de concesión con Coljuegos.
En el mismo sentido, la Resolución establece que cada establecimiento comercial podrá operar mínimo una máquina electrónica tragamonedas, mientras que el máximo será establecido de acuerdo con el censo poblacional del municipio donde operen, así:
● Más de 50.001 habitantes: máximo cuatro máquinas por local
● De 25.000 a 50.000 habitantes: máximo tres máquinas por local
● Menos de 25.000 habitantes: máximo dos máquinas por local
Así pues, las máquinas electrónicas tragamonedas para la paz podrán operar en establecimientos comerciales legalmente constituidos como tiendas, droguerías, bares, hoteles, entre otros.
Por otro lado, es importante mencionar que los propietarios de METS que continúen operando sin autorización podrían incurrir en multas que ascienden a los 80 salarios mínimos legales mensuales (cerca de $104 millones) por cada una de las máquinas.
Además, esta actividad constituye un delito contemplado en el artículo 312 del Código Penal, el cual se refiere al ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.
“En cualquier inmueble donde se realicen actividades de juego sin la autorización de Coljuegos se hará efectivo un proceso de extinción de dominio. Además, las máquinas podrán ser incautadas y destruidas por la entidad”, concluyó Hincapié.