El Ayuntamiento de Burgos pierde la apuesta realizada para tratar de evitar la proliferación de las salas de juego en el casco urbano a través de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación número 2063/2023, interpuesto por el Ayuntamiento, contra la sentencia de fecha 18 de enero de 2023 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y asume los fundamentos del TSJ en relación con la modificación del PGOU que propició de manera unánime el Ayuntamiento de Burgos durante el pasado mandato, con PSOE y Ciudadanos al frente.
«Es una muy mala noticia que las casas de apuestas tengan vía libre para abrir aún más locales en los barrios residenciales», ha dicho a través de la red social X Daniel de la Rosa, portavoz socialista en el Ayuntamiento, al conocer el contenido del fallo judicial, tras una reforma del Plan General que impulsó como alcalde y para la que reunió el apoyo de todos los grupos con representación: PSOE, Ciudadanos, PP, Vox y Podemos.
Por su parte, la popular, Andrea Ballesteros, portavoz del equipo de Gobierno, reconocía que había pocas posibilidades de que saliera adelante «porque el PGOU no puede limitar de esta manera la proliferación de casas de apuesta en la ciudad». Asegura que el bipartito acatará el fallo, dado que no cabe recurso, pero indica que el PP, estando en la oposición en el pasado mandato, «era consciente de que teníamos que tener el juego fuera de la zona urbana de Burgos». Ballesteros asegura que la pretensión municipal era prevenir situaciones de ludopatía, alejando del casco urbano las salas de juego.
La portavoz no ha aclarado si buscarán otras vías para conseguir esta misma finalidad. Un plan b del que en su momento hablaba el que fuera concejal de Urbanismo en enero de 2023, Daniel Garabito, que planteaba incluso buscar argumentos para declarar la ciudad «zona saturadas de casas de apuestas».
Habrá que esperar para conocer las posibilidades que barajan los responsables actuales de Urbanismo. Ballesteros apunta, como dice la sentencia, que es la Junta de Castilla y León la que tiene las competencias para determinar donde tienen que estar localizadas las casas de apuestas. Así, por ejemplo, establece unas distancias mínimas entre este tipo de negocios y los centros escolares,
El Supremo entiende que la modificación del PGOU aprobada en pleno «no responde a los requisitos de proporcionalidad, ni coherencia» y considera que el Ayuntamiento se extralimitó en sus competencias al no dejar margen regulatorio a la Junta de Castilla y León.
La pretensión municipal fue limitar la presencia de casas de apuestas a tres de diez zonas en las que se dividió la ciudad. Así, se restringirían las nuevas licencias a zonas de actividad industrial y comercial y alejadas de las áreas residenciales. elcorreodeburgos
