Comisión del Juego de Cantabria: prorrogada la contingentación de autorizaciones de máquinas B y resuelta la «polvareda mediática» del salón de Santander

| 11 de julio de 2024

Ayer se reunió de nuevo la Comisión de Juego de Cantabria para dar cumplimento al punto principal del orden del día, cual era, la puesta en consideración del proyecto de Decreto por el que se prorroga la contingentación de autorizaciones de explotación de máquinas recreativas “B1” en la Comunidad.

Cantabria tiene suspendida la concesión de nuevas autorizaciones de máquinas recreativas “B1” desde el 2.006, habiéndose prorrogado dicha suspensión desde entonces a través de la aprobación de sucesivos Decretos, expirando la vigencia del último el próximo mes de octubre.

Por tal motivo, la Asociación Cántabra de Empresas Operadoras de Máquinas Recreativas (ACEO), acordó solicitar al Gobierno de Cantabria el mantenimiento de dicha medida planificadora, al considerar que ello permitía seguir ajustando la oferta de juego a la demanda real existente, garantizando una actividad socialmente sostenible.

Dicha petición tras ser analizada, fue estimada oportuna y proporcional por los técnicos de la Consejería de Presidencia y su propia titular, Isabel Urrutia, y por tal motivo, sometida ayer a la preceptiva consideración de todos los miembros que conforman la citada Comisión -distintas Administraciones, sindicatos, diferentes subsector privados, etc-, quienes igualmente se mostraron partidarios de su reedición.

Finalmente, en el apartado de “ruegos y preguntas”, el Presidente de ACEO, José Ramón Sáinz, solicitó información sobre la artificiosa polémica suscitada a raíz de la próxima apertura de un salón de Juego en Santander, recordando, que ya en la tramitación de la actual Ley de Juego el tema de las distancias suscitó numerosos como enconados debates, especialmente porque varios Ayuntamientos solicitaron que se les habilitase para aumentarlas en sus municipios, oponiéndose a ello ACEO, bajo la consideración de que suponía de facto la creación de injustificadas nuevas prohibiciones, que pugnaban contra el principio de libertad de establecimiento y de empresa, sumiendo al Sector en una absoluta inseguridad jurídica, máxime cuando el régimen de distancias del que se partía era uno de los más restrictivos del Estado -500 mts- y pese a ello se admitió.

Precisamente para solventar esta discrepancia, ACEO propuso una innovadora fórmula basada en que sólo se permitiese el aumento de distancias en aquellos casos donde concurriese el requisito objetivo de una “concentración excesiva” de establecimientos de juego, entendiendo por dicho concepto como aquella situación donde se superara el ratio de más de un local de juego por un determinado número de población. Dicha propuesta fue estimada por la comisión técnica encargada de redactar el proyecto de Ley de Juego, quienes tras introducir varios ajustes, la incorporaron al texto, hasta el punto de que en su tramitación Parlamentaria no sufrió enmienda ni modificación alguna, dando lugar hoy a lo que es el art. 25, apartado 4º de la Ley de Juego, que literalmente dice: “El Consejo de Gobierno, oído el Ayuntamiento correspondiente, PODRÁ realizar la revisión extraordinaria de las distancias con objeto de evitar la concentración excesiva de establecimientos de juego. Se entenderá que existe concentración excesiva en aquellos municipios en los que exista más de un establecimiento de juego por cada 4.000 habitantes, con la excepción de aquellos municipios de más de 150.000 habitantes, en los que se entenderá que existe la citada concentración excesiva en el caso en que exista más de un establecimiento de juego por cada 7.000 habitantes”.

Por tal motivo, ACEO no entendía la “polvareda mediática creada” y mucho menos los fragmentarios comentarios vertidos por varios representantes políticos, cuando la Ley era clara y meridiana, y si dicho local cumple con todos los parámetros legales actualmente exigibles, como es el caso, ninguna Administración o Colectivo por puro voluntarismo puede impedir su apertura; so pena de incurrir en una manifiesta ilegalidad, donde se exigirían las correspondientes responsabilidades.

Por parte de la Consejera de Presidencia, se hizo un llamamiento a la calma, recalcando que la actuación de su Departamento, tanto sobre esta cuestión como sobre cualquier otra, estaría siempre regida por el escrupuloso respeto a la Legalidad, lamentando este tipo de controversias, que sólo buscaban crear confrontaciones y respondían a espurios intereses; agradeciéndose por parte de ACEO el talante y la profesionalidad mostrada.

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