Desde Jdigital consideramos que la sentencia emitida por el Tribunal Supremo, que anula varios artículos del Real Decreto 958/2020 de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, es una noticia muy positiva para la asociación y para el sector del juego online.
La sentencia pone de manifiesto que, en la pasada legislatura, la regulación de la publicidad del sector impuso unos límites y restricciones desproporcionados, que no observaban medidas de amparo legal suficiente, como reclamamos en nuestro recurso.
No obstante, es necesario ser cautelosos y analizar convenientemente el calado de esta medida, que tiene un alcance limitado por dos razones: por una parte, porque las principales restricciones a las comunicaciones comerciales del juego han sido reguladas con rango de ley, a través de la Ley General de Comunicación Audiovisual, por lo que, por ejemplo, los límites horarios van a seguir vigentes. Y por otra, porque el Código de Conducta publicitaria sigue vigente.
Este mecanismo de autorregulación limita las comunicaciones comerciales del sector y fue modificado en 2019 para reforzar la protección de los consumidores y, por ejemplo, limita los bonos de bienvenida a un máximo de 200€ o impide que aparezcan en la publicidad personajes famosos menores de 25 años.
Además del limitado alcance de los artículos anulados, desde la industria somos sensibles a las demandas sociales y abogamos por trabajar por un marco garantista, con un compromiso de prudencia por parte de nuestros asociados en la adaptación de la actividad publicitaria, con el objetivo de reforzar el compromiso del sector con la protección de los consumidores y de los públicos más vulnerables.
En este sentido, reiteramos nuestro deseo de establecer un diálogo con el regulador para conocer su valoración de la sentencia y poder trabajar conjuntamente en un marco regulatorio proporcionado, en los términos que ha fijado el Supremo.
Esperamos que esta resolución sirva para que, en la presente legislatura, el Gobierno atienda las demandas del sector en el ámbito regulatorio y fomente el diálogo público-privado. Queremos ofrecer nuestro conocimiento para la elaboración de normas proporcionadas que garanticen los objetivos de juego responsable que todos defendemos y perseguimos.
