La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia, trabaja en la nueva planificación de los juegos y apuestas en Canarias tras quedar obsoleta la norma que lo regula. Según el viceconsejero, Antonio Llorens, “el Decreto 299/2003, de 22 de diciembre ya no recoge la realidad del sector, por lo que en virtud de las competencias que tiene el Gobierno de Canarias hemos comenzado a tramitar una nueva norma con el objetivo de proceder a su aprobación durante al próximo año.”
Llorens apuntó que la norma debe incorporar, entre otros aspectos, el número máximo de autorizaciones a conceder por cada modalidad de juego y establecimientos en los que se practique, la duración de la planificación; la incidencia social que las instalaciones respectivas tengan en los diferentes territorios insulares y la posible acumulación de ofertas de juegos y apuestas existentes. Además, debe contemplar la situación y distribución geográfica de las autorizaciones, atendiendo preferentemente a la localización de las explotaciones en las zonas de mayor expectativa o densidad turística, a las garantías personales y financieras de los solicitantes, a la calidad de las instalaciones y servicios complementarios, a la mayor generación de puestos de trabajo y a cualesquiera otras condiciones que determine el Gobierno.
Por otra parte, la Viceconsejería quiere actualizar también el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias que se aprobó en el Decreto 26/2012, de 30 de marzo, ya que la planificación relativa a las máquinas recreativas y de instalación y la apertura de salones recreativos tenía que ser regulada por medio de un reglamento particular.
Dentro de este proceso de actualización de la normativa se estudiará la posibilidad de modificar otros aspectos relativos al sector del juego y las apuestas, que se encuentran regulados en otras disposiciones de carácter general, tales como distancias con respecto a zonas de influencia de centros de enseñanza y de atención de menores, horarios, controles de acceso, entre otros.
