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Descubierto un casino ilegal en Bogotá: engañaban a los apostadores con carreras de galgos grabadas

| 19 de febrero de 2024
Vid Commercial

En un operativo a finales de enero de este año, en el que participaron más de 90 uniformados, fue clausurado un casino ilegal que funcionaba en el local de 7.000 metros cuadrados donde antiguamente estaba ubicado el Club La Piscina, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.

El famoso Club La Piscina, reconocido por ofrecer servicios sexuales, había sido clausurado el 12 de noviembre de 2021 porque la Policía lo señaló de ser utilizado por la banda delincuencial Los Compas para el tráfico de estupefacientes. Pero las unidades de inteligencia descubrieron recientemente que de allí salían y entraban decenas de personas constantemente, lo cual les llamó la atención.

Al ingresar al edificio, las autoridades encontraron diez computadores y once televisores que presuntamente eran utilizados para apuestas deportivas y juegos de azar. En ese mismo lugar capturaron a Keisimar Alexandra Quintero Cabezas, Kely Dayana González Molina, Paola Alexandra Pérez Calvo y José Antonio Méndez, que ya fueron imputados por la Fiscalía.

La estafa con carreras grabadas

En el mismo operativo se desmantelaron otros casinos de la localidad gracias al testimonio de un testigo que se acercó a la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo (Unipol) y los denunció.

Su testimonio fue conocido por el diario El Tiempo en la audiencia de imputación de cargos en contra de las personas capturadas. De acuerdo con el fiscal del caso, el testigo mantiene su identidad protegida por el riesgo que pueda correr su vida.

Según contó a las autoridades, en el establecimiento se manipulaban los videos de carreras grabadas para que los clientes inicialmente ganaran algunas apuestas y aumentaran el valor de lo que habían apostado. De esa forma, si una persona perfilada apostaba a un número de caballo o perro, se reproducía un video en el que ese animal ganaba; luego de que había aumentado considerablemente su apuesta, se ponía una carrera en el que el mismo animal perdía para que el casino ganara.

Ese testigo además entregó las características detalladas de los inmuebles que fueron clausurados, como sus nombres y colores, y la Policía hizo las respectivas verificaciones antes de proceder con el operativo. También le contó a la Fiscalía que se realizaban otro tipo de apuestas por Internet, y esa versión fue ratificada por otro testigo.

El casino funcionaba las 24 horas del día y los 7 días de la semana y estaba diseñado de tal forma que era imposible escuchar o ver luces desde afuera, para evitar todo tipo de sospechas.

La Fiscalía señaló además en la audiencia que en el operativo primaron los derechos de la comunidad, afectados por las operaciones ilegales de los establecimientos, sobre los derechos de las personas procesadas. Por ese motivo, el fiscal del caso autorizó el procedimiento.

El diario El Tiempo señaló que el operativo contó con el acompañamiento de funcionarios de Coljuegos. Marco Emilio Hincapié, presidente de la entidad, aseguró que se estimaba una pérdida anual cercana a los 5.200 millones de pesos en concepto de derechos de explotación, lo que, a lo largo de los cinco años que abarca una concesión entre un operador de juegos de azar y Coljuegos, significa una pérdida acumulada de 26.000 millones de pesos. Estos ingresos habrían sido destinados al sector salud.

En las diligencias se incautaron 89 elementos para realizar apuestas por Internet, una máquina electrónica tragamonedas, 29 computadores, 31 televisores, 28 CPU, y elementos como impresoras de tickets o memorias VDR. Todo está avaluado en alrededor de 300 millones de pesos.

“No solo impactan los recursos que son destinados al sector salud en el país, sino que afectan a los operadores legales en su gestión por brindar opciones de entretenimiento responsables a los usuarios”, agregó Hincapié.

Los procesados fueron imputados con el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, lo cual les significaría una pena de tres a ocho años de cárcel más el pago de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes. infobae

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