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Interesante reflexión de Silverback Advocacy sobre los procesos que influyen en la decisión de los reguladores

| 16 de febrero de 2024
Vid Commercial

Silverback Advocacy suele hablar de SmartRegulation como un conjunto de principios relacionados con el ejercicio profesionalizado de propuesta y aprobación de normas a partir de una serie de principios que incrementan su racionalidad. Sin embargo, ¿realmente se puede aspirar a que los protagonistas de la regulación -los “𝑝𝘰𝘭𝘪𝘤𝘺𝘮𝘢𝘬𝘦𝘳𝘴”- adopten decisiones verdaderamente racionales? ¿Acaso los sesgos cognitivos no les afectan como al resto de personas?.

Esta segunda entrada de su 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲𝘀, 𝘀𝗲𝘀𝗴𝗼𝘀 𝘆 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗮𝘀 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮𝘀 aborda como la atención, el enfoque y la presentación de una situación o problema determinados influye en la percepción y actuación de las autoridades públicas.

Así, los primeros sesgos de la cadena de procesos y decisiones regulatorias se alojan en la presentación y encuadre (o 𝘧𝘳𝘢𝘮𝘪𝘯𝘨) de los asuntos. La presentación de una situación puede generar una percepción u otra sobre cuál puede ser la mejor forma de abordarla. Por ejemplo: no es lo mismo presentar un escenario de propagación vírica en el que se arriesga una tasa de contagio del 25% que uno que garantiza una inmunidad del 75%. Los estudios del 𝘉𝘦𝘩𝘢𝘷𝘪𝘰𝘳𝘢𝘭 𝘐𝘯𝘴𝘪𝘨𝘩𝘵𝘴 𝘛𝘦𝘢𝘮 británico afirman la proclividad del regulador a tomar decisiones arriesgadas para evitar pérdidas antes que para garantizar ganancias o mantener el statu quo.

El foco y la atención de la opinión pública son otro factor de influencia. Un acto o evento aleatorio puede desviar el foco de atención hacia un asunto que hasta el momento era considerado irrelevante. Aparece entonces una necesidad de urgencia en el regulador para atajar la situación, lo cual suele derivar en actuaciones apresuradas y desinformadas, atendiéndose indebidamente la base del problema y disparándose el ratio coste:beneficio.

La presencia de estos sesgos cognitivos ya en la fase más temprana del proceso regulatorio (formulación del problema) muestra la vulnerabilidad de los reguladores y cómo la disposición de la información y la percepción de la opinión pública pueden influenciar sus prioridades y su proceso de toma de decisiones, creando en ocasiones la ilusión de que perder menos es mejor que ganar, o que la acción más rápida es la más conveniente, al menos en el corto plazo.

Para mitigar su incidencia, conviene en primer lugar ser consciente de su existencia y, en segundo lugar, desarrollar el ejercicio regulatorio bajo parámetros de análisis objetivo que permitan identificar y eviten sobreponderar la influencia de aquellos factores que, de manera contingente, concentran la atención de la opinión pública y política sin necesariamente ser los más importantes en el contexto de una regulación concreta.

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