El Gobierno de Asturias diseñará en esta legislatura una nueva ley de hacienda que modernice la gestión económica y ahonde en la lucha contra la burocracia. Este es uno de los principales compromisos adquiridos por el consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, que hoy ha presentado en la Junta General las líneas maestras de su departamento para este mandato.
La puesta al día de la normativa debe partir, a juicio de Peláez, de la elaboración y aprobación de una nueva ley que sustituya al texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado, que data de 1998 y se ha quedado obsoleto. “La normativa actual tiene más de 25 años y estaba pensada para una Administración relativamente pequeña que ha experimentado notables cambios desde entonces”, ha explicado.
Este cambio legislativo se enmarca en la simplificación administrativa y la reducción de trámites burocráticos emprendida por el Ejecutivo en la pasada legislatura para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y las empresas. Por esta razón, el titular de Hacienda ha pedido apoyo a los grupos parlamentarios para sacar adelante la iniciativa: “Apelo a su colaboración para lograr una mayoría parlamentaria que respalde esta necesaria reforma en beneficio de los asturianos y las asturianas”.
Del mismo modo, ha solicitado el respaldo de las diferentes formaciones políticas en el proceso de confección y negociación del proyecto de ley de presupuestos generales para 2024, el reto más inmediato que debe afrontar su departamento. En este sentido, ha valorado las oportunidades que se abren con la aprobación de las cuentas. “Tener presupuestos significa, simple y llanamente, que Asturias pueda utilizar todos los recursos disponibles”, ha resumido.
Financiación autonómica
El titular de Hacienda ha expuesto en sede parlamentaria cuál será la postura de Asturias de cara a una hipotética reforma del sistema de financiación autonómica: la expresada en el gran acuerdo firmado en junio de 2020 entre todos los grupos de la Junta General, a excepción de Vox. “Tenemos una posición clara sobre el modelo de financiación que Asturias necesita y, además, estamos convencidos de que es el más justo para toda España”, ha defendido Peláez.
Desde su punto de vista, la reforma del modelo debe servir también para modernizar el sistema tributario y armonizar la aplicación de los impuestos cedidos.
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS
Junta General del Principado
Señorías, corresponde a la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos el segundo turno en el calendario de comparecencias para presentar, ante la Junta General del Principado de Asturias, nuestro programa de gobierno para esta legislatura.
Esta es mi primera intervención en esta cámara, que a través de todos ustedes, representa la diversidad y pluralidad del pueblo asturiano.
Por tanto, permítanme que, antes de pasar a exponer las líneas maestras de nuestro programa, muestre mi gratitud al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, por la oportunidad que me ha brindado de participar en este proyecto.
Aprovecho también para agradecer a las personas que me acompañan y que forman mi equipo de trabajo al frente de la Consejería, no solo por su presencia hoy aquí si no muy especialmente, por su compromiso profesional y personal con este ilusionante proyecto:
Asimismo, quiero agradecerles, señorías, su presencia y atención en esta primera comparecencia ante ustedes, como representantes de la ciudadanía asturiana, en la que explicaré los principales objetivos de nuestra consejería para los próximos 4 años.
Finalmente, me gustaría también agradecer a los medios de comunicación la cobertura mediática de esta comparecencia para que los asturianos y asturianas, a los que en definitiva nos debemos puedan conocer nuestras propuestas.
Objetivo general: modernización
Acepté el encargo del Presidente de dirigir la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos consciente de la enorme responsabilidad que asumía, pero también ilusionado ante la oportunidad de participar en un proyecto que tiene como uno de sus objetivos fundamentales la modernización de la Administración del Principado de Asturias.
Porque esa será la idea que presidirá todas las iniciativas que presentaremos a continuación: la modernización de la gestión de la Hacienda Pública para adaptarla al presente y para dotarnos de las herramientas necesarias para afrontar el futuro con garantías.
Queremos transformar el funcionamiento de la Administración financiera para ser más eficientes y más eficaces. Remover obstáculos, agilizar procesos, optimizar los mecanismos de auditoría y de control, para garantizar que todos los recursos del sistema lleguen a tiempo a su destino natural: la prestación de servicios públicos de calidad y el impulso y progreso de la justicia social.
Además, esta modernización la llevaremos a cabo con rigor y con responsabilidad.
A nadie se le escapa que la materia de esta consejería es eminentemente técnica. Además, como saben, pertenezco al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y he desarrollado toda mi carrera como funcionario en la Agencia Tributaria. Si algo caracteriza a esta institución es precisamente el rigor y la responsabilidad en la gestión.
El mismo rigor y la misma responsabilidad en la gestión que me he encontrado en esta en esta Consejería, ya que cuenta con personal de excelente cualificación técnica y gran vocación de servicio público.
Vivimos tiempos en los que es fácil perder la perspectiva ante el aluvión de información que las nuevas tecnologías nos ofrecen a cada segundo.
No hay tiempo para procesar una noticia cuando nos aborda la siguiente. Es el contexto perfecto para que se instalen en el imaginario colectivo ideas interesadas que no solo NO se corresponden con los hechos sino que van en contra de los propios intereses de la mayoría social.
Desde la solvencia técnica y el compromiso con el servicio público de todo mi equipo y de todo el personal de la consejería, actuaremos con rigor y responsabilidad, apoyados en las cifras, para ofrecer una imagen fiel de la realidad.
Haremos un ejercicio de transparencia constante para que la ciudadanía asturiana pueda formarse una opinión fundada y, sobre todo, congruente con sus propios intereses.
Objetivo inmediato: presupuestos
Fijado el objetivo general de modernizar la gestión financiera de la administración con responsabilidad y con rigor, es necesario poner de manifiesto que esta Consejería y por extensión todo el Gobierno, tiene ante sí un reto inmediato: la aprobación de los presupuestos del próximo ejercicio 2024.
Desde que tomé posesión estamos trabajando en su confección para poder presentar el proyecto ante esta cámara lo antes posible.
En año de elecciones autonómicas el reto siempre es complicado. Ahora, además, debemos añadir una dificultad extra. El Gobierno del Estado, del que dependen tanto los objetivos de estabilidad presupuestaria como la previsión de ingresos, está en funciones.
Sin embargo, un ejecutivo encabezado por el presidente Adrián Barbón ya fue capaz de aprobar 4 presupuestos seguidos en condiciones no menos complicadas, por lo que estamos seguros de llegar a tiempo.
Tener presupuestos significa, simple y llanamente, que Asturias pueda utilizar todos los recursos disponibles. Por el contrario, una prórroga significa que a pesar de tener recursos, estos no pueden usarse por imperativo legal. Un sin sentido que no nos podemos permitir.
Tanto en la confección del presupuesto como en la posterior negociación parlamentaria, este Gobierno, como siempre ha hecho, estará abierto al diálogo constructivo. Por eso, honestamente, apelo desde ya, a todas las formaciones políticas, a todos y cada uno de ustedes, a la responsabilidad no solo para aprobar unos buenos presupuestos sino para obtener el mayor consenso posible en beneficio de Asturias.
Tras esta introducción, paso a continuación a explicar los objetivos concretos en los que se materializa la pretendida modernización de la Hacienda Pública asturiana, a través de la estructura orgánica de la Consejería.
Presupuestos y Finanzas
Somos conscientes de que, una vez aprobado el presupuesto, debe llevarse a la práctica a través de una gestión presupuestaria eficaz.
Para ello, desde nuestro Departamento impulsaremos la Ley de Hacienda del Principado de Asturias.
La actual regulación del régimen económico financiero de la Administración es del año 1998. Es cierto que ha sido objeto de numerosas modificaciones de alcance parcial, pero es absolutamente necesaria una reforma integral del texto mediante la aprobación de una nueva Ley.
La normativa actual tiene más de 25 años, estaba pensada para una administración relativamente pequeña, en pleno proceso de formación, que ha experimentado notables cambios desde entonces.
Para que se hagan una idea, en el año 1998 todavía no se había transferido la competencia del sistema sanitario.
Otro ejemplo, el presupuesto del Principado era de 2.000 millones de euros, mientras que este año el presupuesto se cerrará en 6.000 millones de euros, es decir, tres veces más.
En todo este tiempo no solo ha cambiado la administración asturiana, también ha cambiado la sociedad y la realidad jurídica que nos rodea. Entre numerosos ejemplos, destacar que el sistema de financiación autonómico ha sufrido dos importantes transformaciones y se encamina a una tercera, la gestión de los fondos europeos, cada vez más relevantes, requiere de procedimientos de control más ágiles o la normativa en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera impulsada a partir del año 2011 que aún no ha sido desarrollada legislativamente en nuestro territorio.
Todo lo expuesto justificaría ya la necesaria reforma legal del régimen económico-financiero.
Sin embargo, más que una reforma es necesaria una modernización de la normativa para afrontar los retos futuros.
La voluntad de este Gobierno es continuar con una agenda progresista y reformista que dote a nuestra región de las herramientas necesarias para situarnos a la vanguardia en la próxima década.
El reto demográfico, la transición ecológica, el desarrollo digital, la trasformación del modelo productivo, la mejora en la prestación de los servicios públicos fundamentales o lograr una mayor cohesión social a través de una mejor redistribución de la renta y la riqueza que garantice una verdadera igualdad de oportunidades.
Son retos mayúsculos que debemos afrontar con mecanismos de gestión eficaces y adaptados a la nueva realidad que nos rodea.
Se trata por tanto de una Ley estructural, que forma parte de la guerra a la burocracia declarada por esta Administración y que tanto consenso ha generado. Con esta Ley, nuestra contribución a este objetivo común será clave.
Es por todo ello que, en su elaboración, recabaremos la opinión de todos los agentes sociales implicados, muy especialmente de la Sindicatura de Cuentas, órgano dependiente de esta Cámara.
Nuevamente, vuelvo a apelar a su colaboración, señorías, para lograr una mayoría parlamentaria amplia que respalde esta necesaria reforma en beneficio de todos los asturianos y asturianas.
Otro de los objetivos fundamentales de esta nueva Ley de Hacienda del Principado de Asturias será optimizar el funcionamiento de la Intervención General, desarrollando el concepto de la auditoría operativa para disponer de un análisis de racionalidad de las políticas públicas. Es necesario agilizar la gestión y asegurar la legalidad de las inversiones, pero una Administración Publica moderna debe contar también con instrumentos de análisis que permitan evaluar la eficacia y la eficiencia de las distintas políticas implementadas.
Para ello, será preciso igualmente reforzar a la Consejería y particularmente a la Intervención General con más personal. Haremos uso de la reciente reforma de la Ley de Función Pública para convocar plazas de personal especializado en la materia.
Un euro invertido en un trabajador de la Dirección General de Presupuestos y Finanzas, del Ente de Servicios Tributarios o en la Intervención General tiene una tasa de retorno directo muy positiva. Permite agilizar y optimizar el funcionamiento financiero de la Administración, lo que junto a la nueva ley permitirá exprimir al máximo los recursos públicos disponibles.
Por la parte de las finanzas o del ingreso, es más que probable que en esta legislatura se aborde la necesaria reforma del sistema de financiación autonómico.
Pese a que las urgencias derivadas de la pandemia de COVID-19 impidieron que la negociación se llevara a cabo en la anterior legislatura, el Gobierno del Principado hizo los deberes.
En primer lugar, tenemos una posición clara sobre el modelo de financiación que Asturias necesita y además, estamos convencidos de que es el más justo para toda España.
Por otra parte, existe un amplio consenso en el seno de la sociedad asturiana sobre nuestra propuesta, como se materializó en el acuerdo de 5 de junio de 2020 firmado en este mismo Parlamento por todos los grupos parlamentarios salvo VOX.
Finalmente, el Presidente del Principado Adrián Barbón recabó el apoyo de las CC.AA que comparten nuestra propuesta, apoyo que se materializó también en la firma de la Declaración Institucional del Foro de Santiago el pasado 23 de noviembre de 2021 por parte de los presidentes de 8 CC.AA: Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.
En ambos documentos aparecen reflejados los principios fundamentales en los que se materializa nuestra propuesta:
La negociación debe ser multilateral. Todas las comunidades autónomas deben ser escuchadas en un plano de igualdad.
La reforma requiere de un amplio consenso, no solo parlamentario. Debe nacer de los acuerdos adoptados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Asimismo, defendemos un sistema centrado en el coste real de los servicios públicos transferidos, donde se tengan en cuenta de manera efectiva aspectos que condicionan de forma decisiva ese coste como el envejecimiento de la población, la dispersión demográfica o la orografía.
Un modelo de nivelación total que garantice la equidad y la solidaridad, en el que se tengan en cuenta de manera efectiva las necesidades reales de gasto de nuestra región atendiendo siempre al principio de suficiencia en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el país.
Por tanto, rechazamos de plano limitar la igualdad entre españoles aplicando en exclusiva el principio de ordinalidad, que al basarse exclusivamente en la capacidad fiscal de cada territorio y en el número de habitantes lo único que consigue es perpetuar las desigualdades territoriales y sociales.
La revisión del modelo de financiación autonómico debe servir también para modernizar nuestro sistema tributario. Lo dije hace unos días y lo reitero en sede parlamentaria: es necesaria una intervención del Estado para armonizar la aplicación de los tributos cedidos.
La desigual redistribución de la renta y la riqueza entre las regiones junto con un sistema de financiación inacabado en constante negociación, en concurso con el mero cálculo electoral, son el caldo del cultivo del populismo fiscal que tanto daño hace regiones como la nuestra, que mantiene una disciplina presupuestaria ejemplar, de la que deberíamos sentirnos particularmente orgullosos.
Como solución, propondremos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la íntegra reforma de la normativa que regula los impuestos cedidos junto con el establecimiento de un mínimo de tributación en todo el territorio nacional para garantizar que las CC.AA podamos ejercer nuestra soberanía fiscal con total independencia y, por lo que respecta a Asturias, modernizar nuestro modelo tributario para hacerlo todavía más simple, más eficaz, más progresivo y, en definitiva, más justo.
Los tributos, además de permitir la obtención de los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, también pueden ser una valiosa herramienta para la consecución de objetivos de política general. Con esta idea, el Gobierno de Asturias ha venido desarrollando una intensa labor para hacer frente al reto demográfico.
Entre otras medidas, se han establecido importantes deducciones, fundamentalmente en el IRPF, con el objetivo tanto de fomentar la natalidad como de fijar población en las zonas rurales. Desde esta consejería nos comprometemos a hacer un seguimiento de la efectividad de todas estas medidas para ampliar aquellas que estén teniendo un impacto directo en la consecución de los objetivos planteados y depurar otras con menor incidencia para simplificar la aplicación del impuesto.
Como parte de nuestro proyecto de modernización de la Hacienda asturiana les anuncio también nuestra intención de traer a esta cámara un proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos para llevar a cabo determinadas adaptaciones de índole técnica incrementando la seguridad jurídica de los usuarios de servicios públicos.
Finalmente, me gustaría destacar que la Dirección General de Presupuestos y Finanzas recupera las competencias autonómicas relativas a los juegos de azar.
