Hace meses que en la radio se escucha una campaña de la ONCE en la que se anima a las personas que compran su cupón con un ‘¡Bien jugado!’. Al mismo tiempo, se cierran casas de apuestas y se somete a los bingos, casinos y locales se juego a una legislación cada vez más agresiva con este sector. Esto sucede porque la ONCE se considera una organización con obra social que no paga impuestos por sus productos de juego. La razón de esta salvedad es que emplea a personas con discapacidad y maneja, gracias al juego, una fundación con un presupuesto en obra social de más de 100 millones de euros. Pero, ¿en qué medida contribuye el juego privado al bienestar de los ciudadanos gracias a los impuestos que paga?
La despenalización del juego en España, prohibido durante la dictadura, comenzó en los albores de la democracia. En el Real Decreto Ley de 1977, los legisladores reconocieron en la paulatina apertura de la actividad, un «interés fiscal» e impusieron a las empresas de juego una tributación especial para paliar las externalidades de la actividad.
En sucesivas legislaciones, se terminó por separar el juego en dos partes: una reserva estatal de juego (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado que paga impuestos a nivel estatal y la ONCE, que se libra de la carga impositiva por su obra social), y el resto de empresas que forman el juego privado: los presenciales que pagan diversos tributos en las comunidades autónomas, y el juego privado online que tributa a nivel estatal. De esta manera, se separan dos ámbitos distintos de la actividad por la que el juego público ofrece una experiencia de juego con un tiempo más corto y un premio mayor, y el juego privado, un premio menor y más tiempo de actividad en la línea del resto de formas de ocio con las que se divierten y socializan los ciudadanos.
En 2021, según el anuario de Juego y Sociedad, las haciendas públicas ingresaron 1.005 millones de euros en concepto de impuestos especiales al juego que inciden de manera muy distinta en el ámbito público y privado. Selae pagó 188 millones en impuestos estatales. Las empresas del juego privado presencial pagaron 960 millones a las diferentes comunidades autónomas. A esta cifra, habría que sumar 799 millones en impuestos y cotizaciones comunes sobre las empresas (sociedades, IAE, IVA, etc.) que aportan las operadoras como cualquier otra empresa. Leer noticia completa en theobjective
