Operadores de juego online radicados en paraísos fiscales intentan, y temporalmente consiguen, prestar sus servicios en España pese a carecer de licencia para ello. Solo en 2022, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Consumo, identificó y sancionó a 27 empresas por infracciones “muy graves”, tipificadas en la Ley de regulación del juego de 2011. La mayoría por operar sin permiso, y con sanciones que, acumuladas, superaron los 113 millones de euros.
Desde mediados de 2021, la DGOJ publica los expedientes sancionadores, lo que permite comprobar qué empresas incumplen la ley española. De esas 27 que incurrieron en irregularidades “muy graves” en 2022, la gran mayoría, 18, tenían su origen en Curazao, según ha comprobado este periódico a través de registros empresariales. También aparecen, en menor medida, orígenes en Islas Vírgenes o Belice, y también en países del entorno europeo, como Bulgaria o Chipre. Solo una, Rank Digital, estaba radicada en España, aunque su sanción es la menor de todas ellas. Leer noticia completa en cincodias
