La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado y dejado sin efecto los acuerdos municipales del Ayuntamiento de Cádiz que en 2020 restringían la implantación de locales de juego y apuestas en la ciudad. El TSJA ha estimado los recursos que la Junta, la patronal y la entidad mercantil Gestión de Juegos SL interpusieron a comienzos de 2021 casi al unísono contra aquel acuerdo plenario en virtud del cual se aprobó definitivamente la modificación urbanística para que sólo se pudieran situar a más de 500 metros de distancia de equipamientos escolares, deportivos o socioculturales.
El Ayuntamiento de Cádiz había sido el primero de Andalucía en modificar su PGOU para evitar la implantación de los establecimientos de juego en núcleos residenciales, pero la Junta de Andalucía y la patronal del juego habían hecho una apuesta común en su contra y que ahora refrenda la Justicia, que ya había suspendido cautelarmente la modificación puntual del articulado de las Normas Urbanísticas de Cádiz aprobada en septiembre de 2020 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el 17 de noviembre de 2020. Los recurrentes habían expresado sus dudas acerca de la legalidad de la modificación por falta de competencia del Ayuntamiento de Cádiz por razón de la materia, ya que la regulación del juego privado es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, y por vulneración de la Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado, recuerda el TSJA.
La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía y contra la que aún podría caber recurso de casación, reconoce que existen en este expediente distintos informes acerca el impacto del juego sobre la salud, entre ellos uno de la Consejería de Salud y Familias favorable a la modificación urbanística puntual que se debate. O el que emitió la Delegación Municipal de Salud sobre la adicción al juego de azar como problema de salud, en el que precisamente se basó el Ayuntamiento para iniciar la tramitación de la modificación del PGOU, y en el que se detienen los jueces, zanjado la cuestión con la siguiente conclusión:
“Si bien este tribunal comparte la preocupación por los perniciosos efectos del juego patológico en general y más en colectivos vulnerables, como los menores, que deben ser objeto de la máxima protección al efecto, no es menos cierto que si de lo que se trata es de establecer una regulación afectante únicamente a la ciudad de Cádiz, en tal informe bien poco se dice de que se haya detectado o apreciado en Cádiz un especial y muy grave problema de salud a causa de la adicción al juego que pudiera justificar la intervención municipal vía modificación del planeamiento”. Leer noticia completa en eldiario
