El proyecto de la sala adicional del casino Atlántico de A Coruña en los bajos del hotel Araguaney ha suscitado una polémica entre las diferentes administraciones involucradas –Xunta de Galicia y Concello de Santiago– acerca de quién es el responsable final de dar luz verde al nuevo casino.
Fuentes de la Vicepresidencia Segunda de la Xunta comentaron a EL CORREO que el Concello de Santiago sí que tendría posibilidad de vetar la creación de la sala, si el Gobierno local está en contra, tal y como expresó el pasado martes su máximo responsable, el alcalde compostelano Xosé Sánchez Bugallo.
Lo podría hacer gracias al artículo 7.3 de la Ley 10/2017, del 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia que decreta que los ayuntamientos, mediante ordenanzas o reglamentos municipales, podrían decretar prohibiciones, limitaciones o restricciones destinadas a evitar la excesiva concentración de actividades recreativas y de esta forma garantizar su coexistencia con otras actividades humanas. Un artículo al que se podría agarrar Raxoi, al coexistir ya en la rúa de Montero Ríos un salón de juegos y un bingo.
Desde el Ejecutivo gallego, además, apuntan a su incapacidad para denegar al grupo Comar la licencia administrativa para poner en funcionamiento esta sala adicional. Y es que esta posibilidad está recogida en las modificaciones realizadas en 2015 sobre la Ley autonómica del juego, “de modo que no otorgar el permiso haría al Gobierno autonómico incurrir en prevaricación”, según apuntan fuentes de la Vicepresidencia Segunda.
“Chegado o momento mirarémolo”, comentó Sánchez Bugallo al respecto de la posibilidad con la que, según el Ejecutivo autonómico, cuenta Raxoi para decir que no a la licencia de actividad del nuevo casino en la ciudad.
Sin embargo, alega el máximo mandatario local que “o Concello ten cero competencias con respecto ao xogo, unicamente as ten en urbanismo”, y recuerda a este respecto que las decisiones que se tomen desde Raxoi serán meramente administrativas, a diferencia de las modificaciones realizadas sobre la Ley del Juego por el Gobierno autonómico para avalar la creación de estas salas satélites que fue “unha decisión política”, y que avaló votando favorablemente únicamente el Partido Popular. Leer la noticia completa en elcorreogallego
