El vicepresidente del Gobierno y consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes; el secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, Jesús Jurado, y el director general de Comercio, Miquel Piñol, han reunido este jueves a la Mesa Social del Juego ante el inminente debate parlamentario de la nueva ley balear que, tal como aprobó el Consejo de Gobierno este lunes 16 de enero, se tramitará por el procedimiento de urgencia.
Han asistido a la reunión la Federació dAssociacions de Veïns de Palma, la defensora de la Ciudadanía de Palma, el Ayuntamiento de Palma, la Federació dAssociacions de Mares i Pares dAlumnes, el Instituto Europeo de Estudios en Prevención (IREFREA), el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears, representantes del Pla dAddiccions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB) de la Consejería de Salud, así como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que se ha desplazado desde Madrid para asistir a esta reunión.
El vicepresidente ha querido así informar a los participantes de las últimas novedades respecto a la planificación del juego en la comunidad y también agradecer el trabajo y colaboración de las diferentes entidades, sobre todo, «por haber puesto a disposición del Govern sus diferentes perspectivas de los juegos de azar como una cuestión de salud pública, una cuestión social y una cuestión de convivencia vecinal, y no una cuestión estrictamente de negocio como se había tratado hasta ahora».
Así mismo, el director general de Comercio, Miquel Piñol, les ha trasladado la intención del Govern de reunirse con los sindicatos en las próximas semanas para elaborar conjuntamente un plan de recolocación de las personas trabajadoras que se puedan ver afectadas por algunas de las medidas de la nueva Ley, tal como se ha hecho hasta ahora con todas las personas afectadas por las diferentes medidas adoptadas hasta hoy.
El secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, por su parte, ha destacado la apuesta del Govern «por las políticas de prevención de las adicciones, de protección de nuestros menores y colectivos más vulnerables que, sostiene, constituye el espíritu de esta Ley».
Suspensión de licencias y prohibición de la publicidad, algunas de las medidas más destacadas de la nueva Ley balear del juego
La reforma de la Ley autonómica del juego incluye la suspensión de la concesión de nuevas autorizaciones para la apertura de cualquier establecimiento de juego (casinos, bingos, salas de juego o locales específicos de apuestas) hasta que la ratio de establecimientos de juego presencial por cada millón de habitantes, que actualmente es de 108, se reduzca hasta igualarse con la media estatal—una media que la Revista Española de Salud Pública del Ministerio de Sanidad cifraba en 2020 en 68 por millón de habitantes; es decir, 40 puntos por debajo de la media balear.
La nueva Ley autonómica del juego también recoge las principales reclamaciones de los colectivos sociales afectados por las ludopatías y de los implicados a combatirlas. En este sentido, amplía hasta los 500 metros las distancias entre las salas de juego y apuestas y unos ciertos centros o espacios dedicados a la educación y al recreo de las personas menores de edad o vulnerables; establece un control electrónico de edad para el uso de máquinas recreativas de tipo B en bares y restaurantes; y prohíbe la publicidad y los actos de promoción de la actividad del juego y las apuestas en todo el territorio de las Illes Balears, entre otras medidas.
