El otro impuesto sobre el juego online

Hace ya bastantes años, el tributo aplicado a los juegos de azar, creado allá por 1977 y denominado coloquialmente “Tasa fiscal sobre el Juego” fue considerado técnicamente como una “tasa”, hasta que el propio Tribunal Constitucional puso las cosas en su sitio, caracterizándolo como un “impuesto”, aunque todavía sigue así en los Boletines oficiales. Inexplicablemente.

La nueva Ley del Juego de 2011 introdujo el denominado “Impuesto sobre las actividades de juego”, que al fin y a la postre era la misma “tasa”, pero con características propias y algo distintas al tributo -madre.

Pero también añadió ciertas Tasas por tramitaciones administrativas ocasionadas en aplicación de esta nueva Ley, como contraprestación a los servicios que debía prestar la nueva Comisión Nacional del Juego (que nunca llegó a nacer, y fue substituida por la actual DGOJ), entre las cuales una nueva “extraña tasa” que no se corresponde con actuaciones o servicios concretos por tramitación de expedientes, sino en contraprestación de las “actuaciones regulatorias de la CNJ”.

Esta es la Tasa descrita en su modalidad descrita en el Art. 49.2, apartado f) de la Ley 13/2013, de regulación del juego estatal. Esta “tasa” se aplicable a cada operador de juego online, se devenga normalmente el 31 de diciembre de cada año, se paga cada año en el mes de enero del siguiente; y la cuota se determina mediante un tipo proporcional a los ingresos brutos de explotación (un 1/1.000 en la redacción originaria, un 0,75/1.000 en la redacción actual).

Porque estamos en período de pago, es un buen un momento para reflexionar acerca de cual es su montante, cual su validez y, si en realidad, este juego de palabras puede tener alguna consecuencia y, quizás, incluso ser legítima su impugnación.

Pista 1: La verdadera naturaleza de esta “Tasa” del apartado f), y su cuantificación.

En el Ordenamiento tributario español hay una diferencia esencial entre un “Impuesto” y una “Tasa”. Las actuaciones administrativas descritas en los apartados a) a g) de dicho artículo son claramente “tasas”: si un operador solicita una licencia, o la inscripción en el Registro, o una certificación registral, o que se le homologue un sistema técnico, o incluso al ser sometido a inspección o comprobación técnica, está generando una actividad administrativa cuyo coste debería soportar, y la Ley determina a priori el importe de esta contraprestación.

Pero esto no es así en nuestro apartado f) pues por naturaleza, las “actuaciones regulatorias” no afectan ni benefician a un operador concreto, sino que forma parte de la propia actividad de la Administración y de sus funciones y competencias establecidas en la Ley y en los reglamentos. Nos afectan a todos. Además, el devengo se produce el 31 de diciembre de cada año (para todo el año), la base imponible son los “ingresos brutos de explotación”, por lo que unos pagan más y otros menos, en función de su actividad empresarial. Estamos, pues claramente ante un verdadero “impuesto”, y valdría la doctrina constitucional aplicable a la “Tasa Fiscal sobre el Juego” para sustentarlo.

Ya existen antecedentes claros en nuestro Ordenamiento Tributario, como es el de la denominada “Tasa de telecomunicaciones”, que es precisamente la que sirvió de modelo a esta del Juego, que fue ampliamente contestada por los operadores, y que finalmente acabó su recorrido en la Sentencia del TJUE de 21 de Julio de 2011, dando lugar a la rectificación y devolución de numerosas autoliquidaciones. En esta sentencia, y las posteriores del TS español que se hacen eco de ella, se dice que, al menos, su montante debería ser calculado en función de los “gastos administrativos relacionados con los procedimientos de autorización general”

La Tasa administrativa del juego no podría, a priori, imponerse sobre un coste que no puede individualizarse ni particularizarse de ninguna forma. Así pues, nos encontramos con una “Tasa” que a mi parecer es un verdadero impuesto, y que puede ser contrario al Ordenamiento tributario español y europeo. Y que bastaría impugnar su aplicación hasta llegar incluso a una sentencia reconocedora y aplicativa de esta calificación.

Por otro lado, es curioso resaltar que la doctrina jurisprudencial antes señalada da pie a pensar que la tasa de telecomunicación en su ámbito de aplicación, podría justificarse en relación con “los gastos en que efectivamente haya incurrido la autoridad nacional competente en relación con un operador concreto durante un periodo determinado”, y que en consecuencia considerar como base imponible “…la base de los ingresos de explotación podría ser un criterio objetivo, transparente , y no discriminatorio”. O sea, una especie de “tasa por mantenimiento de la autorización y de la CNMC o de la CNJ” y de los costes que esto supone.

Pero claro, aún en este supuesto, la suma de las “tasas” no podría sobrepasar, a priori, los costes en que incurra la Administración controladora de la autorización. La solución según dicha doctrina es que el órgano administrativo debe justificar cuales son estos costes y las fórmulas de una asignación concreta.

Y ello nos da pie para indagar sobre los costes en que incurre la DGOJ para desarrollar esta actividad controladora, o sea, diseccionar su presupuesto anual, y analizar varios de estos parámetros económicos, para descartar también esta tesis justificadora en lo que se refiere a la Tasa administrativa del juego.

Pista 2. Ingresos por esta Tasa y gastos de funcionamiento de la DGOJ

No sabemos con exactitud cuales han sido los ingresos por esta Tasa del apartado f) en los años desde su implantación, porque los datos se publican juntamente con los de las restantes tasas de los apartados a) a g).  A salvo de los ejercicios en los que se han tramitados nuevas solicitudes de licencias, o su renovación, en su mayor parte provienen de las de dicho apartado f).

De las cifras de los Presupuestos del Estado y su liquidación podrían extraerse las siguientes cifras: