El Ministerio de Consumo acumula meses de retraso en la publicación de las sanciones más graves a las operadoras de juego online, el que supervisa el Gobierno central. A mediados de 2021, el Ejecutivo puso fin a una década de opacidad en esta materia al modificar la Ley del Juego. Desde entonces está obligado a publicar las sanciones graves y muy graves, que hasta hace muy poco no eran públicas.
Sin embargo, la información está fluyendo con lentitud. Las últimas sanciones publicadas en la web de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), adscrita a Consumo, se impusieron el 11 de noviembre de 2021, hace un año. Fuentes de Consumo reconocen el retraso e indican que “en breve” se publicarán nuevas resoluciones sancionadoras, correspondientes al primer semestre de este ejercicio. Estas multas, recuerda el departamento de Alberto Garzón, solo se difunden una vez son firmes en vía administrativa, tal y como estipula la Ley del Juego.
La cuestión de la publicidad de las sanciones tiene relevancia porque, a raíz de una reciente modificación de la Ley estatal del Juego, las empresas con licencia en España (tanto las de apuestas online como las casas de apuestas físicas) se arriesgan a perder ese permiso si hay una acumulación de infracciones muy graves en un periodo de dos años, tanto de la normativa de juego estatal como la autonómica. Esta última es la que regula las casas de apuestas con locales físicos.
La ley también considera infracciones “muy graves” la comisión de dos infracciones graves en el plazo de dos años.
58 millones en 2021
En mayo pasado, el departamento de Alberto Garzón informó de que había sancionado en 2021 por infracciones graves o muy graves a un total de 19 operadores del sector de las apuestas y juegos de azar online, con multas que sumaban más de 58 millones de euros, sin contar las reducciones por pronto pago y reconocimiento de los hechos sancionados. La cifra es superior al anterior récord de 55,8 millones que alcanzaron las sanciones en 2020, según se recoge en la última memoria anual publicada hasta ahora por la DGOJ.
La inmensa mayoría del importe de 2021, un total de 57 millones en multas, correspondió a sanciones por infracciones muy graves a once operadores que no tenían licencia para operar en España, a los que además la DGOJ inhabilitó durante dos años.
Una cantidad multimillonaria que, según fuentes del sector, probablemente no va a llegar a depositarse nunca en la cuenta que la DGOJ tiene habilitada en el Banco de España, al tratarse las sancionadas de empresas radicadas muchas veces en territorios opacos como Curaçao, Belice, Malta o Alderney, una minúscula isla en el Canal de la Mancha que tiene menos de 3.000 habitantes.
El resto de sanciones impuestas en 2021 fueron multas por infracciones “graves” de la Ley del Juego que se impusieron a seis empresas que sí tienen licencia para operar en España (entre ellas Sportium o Codere). Esas multas sumaron en total 761.500 euros, incluyendo las correspondientes reducciones por pronto pago y por renunciar a recurrir en vía judicial.
En la inmensa mayoría, se trató de sanciones por permitir el acceso a la actividad de juego a personas que lo tenían prohibido, como los inscritos en el denominado registro de autoprohibidos (conocido como RIAJ).
En este caso, la mayor sanción, impuesta en junio de 2021, correspondió a Sportium, propiedad de la multinacional española Cirsa, del fondo Blackstone. Sportium recibió una multa de 220.000 euros por permitir el acceso al juego a casi una treintena de inscritos en ese registro de autoprohibidos.
Según la resolución de la DGOJ, “desde el 14 de octubre de 2020 hasta el 20 de enero de 2021, al menos 29 jugadores inscritos en el RGIAJ pudieron participar en la web del operador por un total de 74.837,77 euros y con unas pérdidas de 8.694,33 euros. Además, un jugador vinculado al operador [cónyuge de una de sus empleadas] participó entre el 18 de agosto y el 6 de octubre de 2020, por valor de 1.408,37 euros”.
Hasta mediados del año pasado, y desde la aprobación de la ley del Juego de 2011 y la legalización del juego online en España, la identidad de las empresas sancionadas por la DGOJ no era pública, a diferencia de lo que ocurría en otros sectores regulados como energía o telecomunicaciones, que están bajo el paraguas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); las que reciben las compañías cotizadas a las que vigila la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); o las impuestas a las entidades financieras que supervisa el Banco de España.
La obligación de publicarlas se introdujo a través del proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Hasta entonces, solo se publicaban datos agregados del número e importe de las sanciones. Solo entre 2016 y 2020, la DGOJ impuso 127 sanciones por infracciones de la Ley del Juego. eldiario
