La reciente comparecencia de Mikel Arana, director general de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo, en unas jornadas organizadas por la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (AZAJER), ha puesto de manifiesto el profundo desconocimiento del sector del juego del responsable político de su ordenación normativa a nivel nacional.
Desde las organizaciones empresariales representativas de las empresas privadas ANESAR y AESA, tras constatar los posicionamientos y actuaciones del Gobierno con respecto a este asunto y la discriminación que esto supone con respecto al sector privado, y a la vez que se cuestionan la continuidad del director general al frente de sus responsabilidades, se están estudiando las actuaciones precisas “para llevar esta situación ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como otras instituciones nacionales o europeas que pudieran conocer este asunto”, según afirma José Vall, presidente de ANESAR.
Más allá de la toma de posición del director general, que rompe la imprescindible neutralidad de la Administración, que debería, respetando el reparto competencial, regular para el conjunto del sector y no beneficiando a unos y perjudicando a otros, las organizaciones empresariales también han mostrado su alarma por el profundo desconocimiento del sector del juego que Arana mostró durante su intervención, dado que, por ejemplo, confundió competencias autonómicas con estatales “al indicar que el control de acceso de los juegos públicos corresponde a las Administraciones autonómicas”.
Las organizaciones representativas del sector del juego consideran que el argumento utilizado por la Administración central y de algunas autonomías para cerrar locales y revocar licencias en aras de la protección de colectivos sociales vulnerables es falso. En palabras del presidente de ANESAR, “esa regulación solo afecta al sector privado, que no es el mayoritario ni el que más problemas produce en estos colectivos –como demuestran las encuestas EDADES y ESTUDES del ‘Informe sobre adicciones comportamentales 2021’ publicado por el Ministerio de Sanidad en 2022–, y a la vez se dan todas las facilidades tanto para la apertura de puntos de venta como para la creación de nuevos juegos públicos y de la ONCE”.
Un ejemplo evidente de esta doble vara de medir es que el sector privado tiene, y se valora como imprescindible, control de acceso para evitar el juego de menores y autoexcluidos, cuando dicho control no existe en una administración de lotería y los juegos de la ONCE, que se venden en oficinas públicas como Correos. “La doble vara de medir lleva a una desprotección evidente de los llamados colectivos vulnerables. Por más que una persona que presente problemas se autoexcluya para acceder al juego de gestión privada, podrá acceder al juego público sin problemas, donde podrá optar a cuantiosos premios animado por toda su potencia promocional y respaldo publicitario”, afirma José Antonio Rubio, presidente de AESA.
Asimismo, el sector privado cree que la doble vara de medir en la regulación tiene por fin acabar con el sector privado y que el juego pase a ser un duopolio entre SELAE (Estado) y ONCE; “solo así se entiende que la publicidad esté absolutamente prohibida en el sector privado y, en cambio, SELAE y ONCE sean, según Infoadex, dos de los grandes inversores publicitarios de España”.
