Castilla y León ha colado la liberalización de las máquinas en su ley de impuestos de 2023, una normativa que suele acompañar a los Presupuestos de la Comunidad. Oficialmente, esta ley —que todavía necesita pasar por el Consejo Consultivo y el parlamento autonómico— se llama de medidas tributarias, financieras y administrativas.
El gobierno autonómico ha preferido incluir este cambio en esta ley de acompañamiento en vez de esperar a la modificación de la Ley del Juego y las Apuestas de 1998, cuyo trámite empezó en junio de 2021. Fuentes consultadas por este diario aseguran que la Junta esperaba haber llevado el proyecto a las Cortes en septiembre y aprobar la ley en diciembre, unos plazos que no parece que vayan a cumplirse.
Las empresas podrán solicitar nuevas autorizaciones de las máquinas (en todos sus tipos, de un jugador, de dos o más jugadores y máquinas con el juego alojado en un servidor informático) sin necesidad de concurso público. Además, las empresas operadoras podrán dar de baja temporal las autorizaciones de máquinas durante hasta 12 meses.
La cuota fija de las máquinas recreativas y de azar tipos “B” y “C” se reducirá al 20% si la están de baja. Se podrán dar de alta en cualquier momento, aunque tras 12 meses de inactividad, se extinguirá la autorización de forma permanente. Todos estos trámites se deben hacer de forma telemática.
La Consejería de Economía y Hacienda, dirigida por el PP, sostiene que las autorizaciones que hasta ahora debía conceder no son necesarias por “la falta de demanda del mercado”. Por lo tanto, la nueva norma pone fin al límite de máquinas tipo B , hasta ahora fijadas en 17.108 como máximo.
En febrero se convocó un concurso público para adjudicar las autorizaciones de las máquinas: se convocaron 4.733 autorizaciones de explotación, pero se adjudicaron 26. En la exposición de motivos se subraya el sector está “necesitado de la adopción de medidas para salir de la crisis en la que se encuentra y contribuya a activar la economía regional”. Esperan recaudar más fondos a través de la tasa fiscal, a través del esperado aumento de máquinas.
El secretario técnico de la Asociación Regional de Empresas Operadoras y Asociaciones de Castilla y León (ASEOCyL), Eduardo Nieto Jiménez, asegura que la planificación vigente “no tenía sentido” porque el mercado “no da más de sí”. “Hay muchas menos máquinas que las que contemplaba la norma como máximo. Quien quiera instalar, lo pide y se lo darán. Pero si antes no se ponían más de 12.000, ahora tampoco se pondrán más”, explica a este diario.
El secretario general de FAOCALE —una de las asociaciones del sector—, Ángel Nieto, explica que esta liberalización era una petición que han formulado las empresas y valoran que haya sido “muy bien acogida” por la Junta.
Nieto defiende que las empresas no paguen la tasa de juego, de 900 euros trimestrales, cuando no funcionan todo el año. Ante esta situación, los bares y locales debían solicitar nuevas autorizaciones, continúa Nieto. Este portavoz de la Federación de Asociaciones de Empresas Operadoras de Castilla y León asegura que con un menor impuesto se “paliará” la situación de las empresas, que han tenido que pagar la tasa de juego incluso cuando la hostelería estaba cerrada y las máquinas, apagadas. eldiario
