La vicepresidencia del Govern y Consellería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática ha convocado este martes a la Comisión del Juego de les Illes Balears para presentarles el último borrador del anteproyecto de ley de reforma de la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del Juego y las Apuestas en las Illes Balears.
La Comisión, que reúne a todas las asociaciones del sector y sindicatos, ha recibido, de parte del director general de Comercio, Miquel Piñol, la última versión de la propuesta de modificación de la ley balear del juego, que recoge las recomendaciones del Consejo Económico y Social (CES) de las Illes Balears.
Se trata del último paso antes de iniciar los trámites europeos previos a su entrada al Parlamento balear.
Las novedades más importantes que resultan de dichas incorporaciones incluyen: la limitación a 500 m de distancia mínima entre salones de juego en el término municipal de Palma; la extensión de la prohibición de situar máquinas de juego en las proximidades de los centros educativos de personas menores de edad a todo tipo de centros educativos, independientemente de la edad de las personas a las que estén dirigidos; o la ampliación del periodo de prescripción de las infracciones leves de seis meses a un año.
Por otro lado, con la incorporación de las últimas aportaciones se suprimirá la obligatoriedad de establecer sistemas de activación y desactivación en las máquinas tipo B, aunque se deberá mantener la máquina en suspenso con una pantalla de verificación de edad, y se permitirá indicar el nombre comercial y la marca del establecimiento en las fachadas de los salones de juego, bingos, casinos o casas de apuestas.
Baleares será la primera comunidad autónoma que no concederá más licencias de juego
La propuesta de modificación de la ley de juego del Govern Balear fijará un máximo de 75 salas de juego por cada millón de habitantes —ahora partimos de 140 salas— e incluye la moratoria automática de nuevas licencias hasta que se alcance esa cifra, es decir, hasta que el número actual de salas de juego y apuestas no se reduzca a la mitad.
El pasado mes de abril, el vicepresident y conseller Juan Pedro Yllanes ya hizo pública esta medida con la que el Govern se asegura de que no se concederán más licencias de juego en las Islas en las próximas décadas. Las Illes Balears se convierten así en la primera comunidad autónoma de todo el Estado en impedir, de facto, la apertura de nuevas salas de juego y de nuevas casas de apuestas.
«La modificación de la ley del juego atiende las demandas de la sociedad civil que, en los últimos años, han mostrado su preocupación ante la proliferación de la oferta de juego, y a la necesidad de adoptar nuevos marcos normativos que pongan freno a un crecimiento excesivo», ha explicado Miquel Piñol, quien recordaba además algunas de las medidas adoptadas por el Govern hasta la fecha, como la primera moratoria para nuevas licencias entre 2020 y 2022, que permitió parar una dinámica de aperturas sin límite, o la suspensión de licencias en las postrimerías de la moratoria, con el objetivo de consolidar la replanificación sectorial, retrasada por el impacto económico y social de los efectos de la pandemia.
Piñol ha insistido, además, en la apuesta del Govern «por las políticas de prevención de las adicciones, de protección de nuestros menores y colectivos más vulnerables, de paz social y convivencia vecinal».
El Govern de las Illes Balears considera el juego desde una perspectiva integral de responsabilidad social y como un fenómeno complejo ante el que se deben combinar acciones preventivas, de sensibilización, y de control y reparación de los efectos negativos que de él se puedan derivar.
