Desarrollar planes de prevención contra las desproporcionadas sanciones al sector

| 10 de junio de 2022

El incremento de la regulación del sector del juego en España obliga a tomar medidas proactivas frente a las nuevas sanciones. Carlos Tarancón, abogado del Despacho Moya&Emery abordó este reto en la conferencia que impartió en la segunda jornada de EXPOJOC 2022. El ponente puso el foco en las desproporcionadas sanciones a las que se ven sometidas las empresas del sector a día de hoy y lanzó algunas iniciativas para que los presentes pudieran afrontar con mayor facilidad esta nueva realidad.

“Por muchas leyes que se hagan, si cumples con la normativa no pueden hacerte nada”. Fue esta la primera advertencia que el orador lanzó a su público. Carlos Tarancón asesora a empresas del sector del juego y las anima a implementar un “Programa de cumplimiento”. A través de esta herramienta interna, el abogado pretende que las empresas puedan desarrollar una serie de protocolos para reducir el riesgo a posibles sanciones.

Para ello, aseguró que es importante instruir a los trabajadores en la normativa del juego y establecer dinámicas para que tengan la posibilidad de denunciar prácticas fraudulentas dentro de la empresa sin consecuencias negativas para ellos. “Lo que queremos es que cuando venga el inspector no encuentre nada”, explicó el orador.

La tendencia de las sanciones está en el cierre temporal de las salas, añadió. A esto el orador sumaba las desproporcionadas sanciones económicas y, en definitiva, una regulación que sigue una dinámica cada vez más agresiva. “Nunca he visto un sector con unos palos tan gordos”, sentenció el ponente.

Entre las sanciones más elevadas, el ponente puso el foco en aquellas que tienen que ver con la protección de los datos de los clientes. Carlos Tarancón hizo hincapié en este fenómeno e instaba a los presentes a tener precaución, ya que tal y como dijo, afecta a derechos fundamentales.

En cualquier caso, el ponente instó a los presentes a poner en marcha protocolos proactivos que puedan prever posibles sanciones para reducir actas de inspección y malas prácticas entre los empleados, con el objetivo mejorar la imagen de cada empresa.

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