Recientemente, el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, dio a conocer que el Ejecutivo autonómico está preparando una modificación puntual de la Ley del Juego, que incluirá, entre otras medidas, una moratoria en la concesión de nuevas licencias para salas de juego y apuestas. Una vez aprobada, dicha moratoria se mantendrá hasta que no se reduzca a la mitad el número total de esas salas en Baleares. Así, de las 140 salas actuales se deberá pasar a un máximo de 75 salas por cada millón de habitantes, que es la población aproximada con que cuenta hoy nuestra Comunidad. El anuncio de Yllanes coincide en el tiempo con la creciente preocupación que está generando en los expertos el problema de la ludopatía como una de las principales adicciones actuales.
La Ley del Juego de Baleares fue aprobada en 2014, por el Ejecutivo que en aquel momento presidía el popular José Ramón Bauzá. Con posterioridad, hace dos años, el tripartito que preside la socialista Francina Armengol aprobó una primera moratoria para nuevas licencias de salas de juego, casinos y bingos, que abarcaba el periodo comprendido entre 2020 y 2022. La nueva moratoria ahora prevista será posible gracias a la citada modificación de la Ley del Juego, que será aprobada inicialmente en un próximo Consell de Govern, para iniciar a continuación su tramitación parlamentaria. En principio, la normativa ya definitivamente modificada entrará en vigor este mismo año.
En su comparecencia ante los medios, Yllanes quiso dejar claro, no obstante, que las licencias actualmente en vigor se mantendrán y que se irán renovando cuando sus titulares así lo soliciten. "No podemos cerrar una sala de juego con licencia porque eso sería una conducta prevaricadora y yo tengo por costumbre no prevaricar", ironizó el también conseller de Transición Energética. Partiendo de esa base, la principal vía para lograr una progresiva reducción de las salas de juego en Baleares a lo largo de los próximos años será la de la desincentivación. Así, se intentará que sean los propios dueños de los locales los que voluntariamente renuncien a seguir con sus negocios.
Veto al juego, una cuestión de salud pública
La inminente reforma legislativa cuenta con el apoyo de la Mesa Social del Juego, conformada por representantes de varias instituciones y de asociaciones como Juguesca o entidades como Projecte Home. Yllanes recordó que dicha Mesa es un espacio de "trabajo conjunto" en donde se trata el juego como "una cuestión de salud pública, una cuestión social y una cuestión de convivencia vecinal, y no sólo como una cuestión estrictamente de negocio, como hasta ahora se había hecho". En cualquier caso, la reforma que se aprobará en breve también ha recibido críticas, en especial por parte de la Associació dEmpresaris de Sales de Joc i Apostes de les Illes Balears —Sareiba—.
Según explica a mallorcadiario.com uno de los portavoces de Sareiba, Miquel Àngel Riera, la prevista modificación de la Ley del Juego "focaliza las medidas excesivamente en las empresas de salas de juego, que sólo representan el siete por cien del montante total del dinero que se juega". Ello hace que, en opinión de Riera, no se contemple "el 93 por cien restante". De este segundo porcentaje, un 51 por cien corresponde a lo que se denomina juego público —loterías, ONCE o Primitiva—. "Si estamos hablando ahora de ludopatías, creo que son esos juegos concretos los que realmente la favorecen, por el elevado importe económico de los premios que ofrecen y anuncian", añade.
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Por otra parte, el citado portavoz de Sareiba recalca también que su asociación lleva a cabo desde hace años "una serie de controles y de políticas activas de concienciación" para evitar el posible desarrollo de conductas adictivas. Por último, señala que el juego online va creciendo cada vez más en nuestro país, hasta representar hoy "un 15 por cien del total en el sector". En ese contexto, quizás convenga recordar que las competencias en el juego online y en las loterías son estatales, mientras que todo lo relacionado con el juego presencial es regulado por las comunidades autónomas. mallorcadiario
