El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, y el diputado Julio Torrado han presentado este miércoles una proposición de ley para regular el juego en Galicia que los socialistas han registrado en la Cámara autonómica con el fin de «actualizar» la norma vigente, que data de 1985.
Los socialistas gallegos urgen a la Xunta a tomar esta iniciativa «con el rigor que se merece» y permitir «erradicar las casas de apuestas del ámbito de los colegios», ya que una de las cuestiones en las que se incide precisamente es en la limitación de las ubicaciones para este tipo de establecimientos.
El líder de los socialistas gallegos ha censurado la «inoperancia legislativa del Gobierno gallego», que provoca que la regulación en un asunto tan relevante como el juego se remonte a «cuando Manuel Fraga aún no se había presentado a las elecciones, no había caído el muro de Berlín y no existía Internet» en los hogares.
Así, ha explicado que la iniciativa responde del «clamor» de las familias que quieren proteger a los más jóvenes de las «casas de apuestas que copan los barrios y campan a sus anchas en los entornos de los colegios».
La normativa actual delante de esta «lacra» permite «situaciones tan antagónicas como que haya cajeros y casas de préstamos en las propias casas de apuestas, que además pueden estar la 3 metros de la puerta del colegio».
«PROYECTO AGOTADO» DEL PP
Al resto de fuerzas parlamentarias, Formoso las ha instado a «enriquecer el texto», que ya incorpora las aportaciones de los colectivos afectados, de asociaciones que velan por la prevención de la enfermedad del juego, del cuidado de las personas adictas o de los trabajadores y trabajadoras sociales.
El resultado –ha remarcado– es un texto «rico, moderno, dinámico, que ponen en su sitio a la especulación en el juego y los riesgos que no puede asumir sobre todo la juventud del país».
Si el PP no lo acepta, ha esgrimido que tendrá que explicar si le da «la espalda» a un problema de primer orden y ha esgrimido que está lastrado «por un proyecto político agotado» –posteriormente, en el turno de preguntas, insistió en que los socialistas no apoyarán la investidura de Alfonso Rueda como sucesor de Alberto Núñez Feijóo en la Presidencia de la Xunta–.
«DESREGULACIÓN»
La ley socialista introduce determinadas limitaciones para las ubicaciones, por ejemplo. Y un local de juego y apuestas no podrá estar a menos de 850 metros de un centro educativo ni de un centro de tratamiento de personas con patologías por adicción al juego. Los locales y juegos de apuestas tampoco podrán estar a menos de 500 metros uno de otro.
Sobre locales específicas de juego, los ayuntamientos tendrán capacidad de maniobra al poder determinar urbanísticamente la existencia de «zonas saturadas», y se prohibirá la existencia de cajeros y publicidad de entidades crediticias dentro de los establecimientos.
Asimismo, en los locales de hostelería solo podrá haber una máquina de apuestas o de juego, a elegir entre todas las que se ofrecen en el mercado.
Y, como el control no se puede dejar, a juicio de los socialistas, en manos de los «trabajadores» de la hostelería, las máquinas de apuestas «requerirán el uso de DNI electrónico» para su activación.
INCREMENTO DE LAS APORTACIONES PÚBLICAS PARA PREVENCIÓN
En la misma línea, se reivindica el cumplimiento del acuerdo parlamentario para constituir el Observatorio do Xogo e incrementar las aportaciones públicas a las entidades que trabajan en la prevención de la adicción al juego.
Actualmente las dos entidades gallegas que trabajan en Galicia en este ámbito reciben 5.000 euros anuales. El PSdeG apuesta por aumentar los recursos para prevención al 1 por ciento de la recaudación por tasas e impuestos del juego, lo que aumentaría hasta los 600.000 euros de los 60 millones que recauda la Xunta en este apartado cada año.
HASTA 600.000 EUROS DE MULTA
En el apartado de sanciones, para infracciones cualificadas como muy graves, se podrán imponer sanciones de entre 6.001 y 600.000 euros.
Entre las infracciones muy graves estaría, por ejemplo, la manipulación de los juegos o máquinas en perjuicio de los participantes o de la Hacienda Pública y la interrupción, sin causa justificada de una partida o un juego.
También la concesión de préstamos a jugadores en lugares en los que se celebren los juegos, instalar máquinas de juego y puestos incumpliendo el límite máximo o mínimo establecido por la normativa, o permitir el acceso a locales o salas de juego autorizadas a personas que lo tengan prohibido.
Las infracciones graves podrán recibir sanciones de entre 601 y 6.000 euros; y las leves, de entre 100 y 600 euros, según la proposición legislativa de los populares. agencia
